Plaza del Ayuntamiento, desde donde el 24 de abril de 1914 partió la multitudinaria marcha pidiendo el indulto (Foto, Colección de Postales, Archivo Municipal de Toledo
Plaza del Ayuntamiento, desde donde el 24 de abril de 1914 partió la multitudinaria marcha pidiendo el indulto (Foto, Colección de Postales, Archivo Municipal de Toledo
Esbozos para una crónica negra de antaño (XLII)

Toledo, 1914: una ciudad contra la pena de muerte

Los toledanos se movilizaron a principios del siglo XX para evitar la ejecución de Aniceto Camuñas Laguna, que había sido condenado a muerte por asesinar a su esposa

TOLEDOActualizado:

En la tarde del 24 de abril de 1914 cientos de toledanos se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para participar en una multitudinaria manifestación. Su objetivo era intentar evitar que en el patio de la cárcel provincial, ubicada en el antiguo Convento de los Gilitos, se levantase un patíbulo para ejecutar a Aniceto Camuñas Laguna (a) «El Chato», vecino de Madridejos, quien había sido condenado a muerte por asesinar a su esposa. Desde el año 1898 en la provincia de Toledo no se había consumado ninguna pena capital.

La criminal acción de Aniceto había sucedido el 5 de agosto de 1911. Unos meses antes, tras haber permanecido encarcelado en Chinchilla por un delito de robo, regresó a Madridejos, donde le esperaba su esposa, Nicolasa Mayorga. Una vez en la localidad, en compañía de otros individuos planeó perpetrar un robo a un vecino del pueblo. Enterada su mujer de ello, le requirió que desechase tal pretensión, toda vez que en más de una ocasión ya había pagado penalmente otras acciones delictivas. En vez de atender tal requerimiento, Aniceto estranguló a su esposa, en su propio lecho, mientras dormía. Estaba embarazada de seis meses.

Cometido el crimen, Aniceto vagó por el campo, refugiándose en una casa de labor. Diez días después fue detenido por la Guardia Civil, siendo trasladado a la cárcel provincial de Toledo, a la espera de ser sometido a juicio.

La vista por el parricidio se celebró en la Audiencia Provincial los días 5 y 6 de junio de 1913, condenándose a Aniceto a la pena de muerte. Durante la misma, el doctor Fernando Sánchez, director el hospital de dementes, certificó que el acusado presentaba un cuadro de desequilibrio mental impulsivo. Los recursos presentados por su abogado defensor, Andrés Álvarez Ancil, no prosperaron y en abril de 1914 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. La ley establecía que la misma debería llevarse a cabo en la cárcel del partido donde se hubiera cometido el crimen, las condiciones materiales del presidio de Madridejos hacían inviable tal precepto, por lo que la ejecución se realizaría en la capital provincial.

En las ciudad de Toledo se esperaba que el indulto a Aniceto pudiera ser uno de los que, como era tradición, concediese el rey Alfonso XIII con motivo del Viernes Santo, pero no fue así. Ante ello, Álvarez Ancil, a través de las páginas de «El Eco Toledano», realizó un llamamiento público para evitar que «El Chato» fuese ejecutado. «Avecínese, pues –decía en su escrito-, un día triste y trágico suceso en esta capital, si el fallo dictado se cumpliese en su último trámite, pero en los límites de la acción de la justicia empieza la obra de misericordia». Así comenzó un amplio movimiento encaminado a librar a la ciudad de Toledo, «donde todo elevado sentimiento encuentra loable exaltación», del «luctuoso espectáculo del patíbulo siniestro».

Antonio Garijo, director de «El Eco Toledano», abanderó desde las páginas de su diario la petición de indulto. A tal fin se entrevistó con las autoridades provinciales y locales. El alcalde, Félix Conde, le prometió desplazarse a Madrid para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para evitar que en Toledo hubiese un día de luto.

Dado que en la Audiencia Provincial ya se habían recibido las órdenes de la ejecución, se inició una intensa carrera contrarreloj para salvar la vida de Aniceto. «Toledo entero a estas horas –se leía en el diario-, muéstrase compadecido y preocupado, en expectación del día luctuoso que se le prepara en no lejano plazo, arrebatando la mano del verdugo la vida de un semejante, entre los muros históricos de su ciudad».

En la noche del día 21 de abril, el Ayuntamiento pleno, a propuesta del concejal Emilio Bueno, se sumó a las peticiones de indulto. El gobernador civil, Miguel Fernández Jiménez, telegrafió al presidente del Consejo de Ministros, transmitiéndole la consternación en que se encontraba la capital y solicitando su intercesión para que Alfonso XIII dictase la gracia del indulto para el «desdichado a quien su delito lleva al más trágico y horrible de los fines». La Casa del Pueblo acordó prestar su decidida cooperación a cuantos actos se organizasen para salvar al reo. Idéntica predisposición fue comunicada desde el Centro Instructivo de Obreros Republicanos. Y el alcalde Conde encabezó una comisión que se trasladó hasta Madrid para, en unión de diputados y senadores por la provincia de Toledo, realizar cuantas gestiones pudiera.

Aunque en la opinión pública existía unanimidad para evitar que en Toledo se consumase una pena de muerte, la crueldad del crimen cometido por Aniceto abrió la puerta a expresar algunas matizaciones sobre el caso. Así se pronunciaba el semanario tradicionalista «El Porvenir»: «Aunque somos partidarios del imperio de la ley y entendemos que la falta de su cumplimiento es una de las causas de la relajación moral y de la anarquía mansa en que vivimos, no podemos sustraernos a los dictados del alma, que pide compasión para un infeliz que llegó a la mísera situación de condenado a muerte, quien sabe si por abandonos culpables de una sociedad que se preocupa más de la esplendidez de una de una civilización material que de la acción educativa que regenera a los hombres haciéndolos miembros útiles y dignos para el desenvolvimiento armonioso de las actividades sociales […] Es verdad que Aniceto Camuñas “El Chato” es un criminal […] pero esto no quita para que invoquemos la piedad de los llamados a impedir la ejecución, concediendo un indulto que, si bien le perdone la vida, le mantenga apartado para siempre de los sociedad de los hombres honrados».

Encarecidamente, desde las páginas de «El Eco Toledano» se pedía a diferentes colectivos de la ciudad que remitiesen telegramas a las altas autoridades del Estado requiriendo clemencia. Anselmo Aparicio, procurador que intervino en la defensa de Aniceto, apoyó la petición con unas emotivas cuartillas. «Sé que –decía- si el momento llega de que la Santa Hermandad de la Paz y Caridad cruce las calles de esta ciudad pidiendo una limosna por Dios, para ofrecer por el alma del que van a ajusticiar […] un sentimiento de compasión brotará de vuestro corazón, y que de vuestros labios saldrá una palabra, es la que cristaliza toda la nobleza de un alma: ¡Perdón! ¡Perdón! Y si la campana de la Iglesia, con su lúgubre sonido os anuncia que cumplida la ley, el delincuente ha dejado de existir, estoy convencido de que os asaltará la duda cruel, que será tortura de vuestra conciencia, de si por no haber hecho llegar vuestra voz hasta el rey, habrá exhalado su último suspiro entre las manos del verdugo, ese pobre desgraciado». En el Café Español, en el Centro de Artistas e Industriales y otros establecimientos se inició una recogida de firmas para apoyar la petición de indulto.

En Madrid, mientras tanto, la comisión oficial se había reunido con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, no recibiendo palabras que les hiciera ser optimistas, por lo que remitieron un nuevo mensaje al rey apelando a su magnanimidad. «Hónranse los toledanos –le exponían- con la no comisión de hechos criminosos que merezcan la imposición de este castigo, y, por ello, no acostumbrados a sentir de cerca sus horrores, se emocionan hondamente ante la posibilidad de que el terrible fallo de la ley se cumpla, y de que el infamante cadalso se alce dentro del recinto de su nobilísimo solar».

Como los días pasaban y la ejecución podía ser inminente, Teodoro de San Román, quien ostentaba accidentalmente la alcaldía en tanto Conde se encontraba en Madrid, dictó un bando en la mañana del 24 de abril convocando a los toledanos a participar en una manifestación pública que, pidiendo el perdón para Aniceto, marcharía desde la plaza del Ayuntamiento hasta la sede del Gobierno Civil.

La concentración, en la que participaron cientos de personas, sumándose el comercio con el cierre de sus establecimientos, fue calificada en las páginas de «El Eco Toledano» como grandiosa. A su término el gobernador civil remitió un nuevo telegrama al presidente del Consejo de Ministros dando cuenta de lo acontecido en la ciudad y pidiéndole, una vez más, que intercediese ante el monarca para que satisficiese la gracia que con tanto ahínco se reclamaba.

Al propio Dato, y con idéntico fin, se dirigió también el abogado Ruperto Lafuente, quien había ejercido la acusación particular contra «El Chato». En su carta se sumaba a las peticiones de indulto, añadiendo una nota de los familiares de Nicolasa Mayorga, en la que a pesar de tantos agravios recibidos mostraban su compasión y «si en nosotros estuviera preservarle –añadían- en momentos tan críticos y tristes»”, no vacilarían ni un instante en unirse a cuantos pedían su perdón.

El 29 de abril, tras unos días de tensa espera, el presidente del Consejo de Ministros informó a su gabinete del estudio que había realizado del expediente sobre la condena a muerte de Aniceto Camuñas, decidiéndose aconsejar al rey que le concediese el indulto. El acuerdo le fue comunicado por telegrama al alcalde Conde y la buena nueva trascendió pronto por toda la ciudad.

El munícipe, junto al abogado Álvarez Ancil, se trasladaron a la cárcel provincial para comunicarle al condenado la noticia. «El reo –publicaba El Eco Toledano-, recibió la noticia con una naturalidad pasmosa, limitándose a contestar, que no comprendía cómo a él quisieran “matarle” toda vez que entendía que el delito que había cometido no era para tanto». Ante semejante reacción, desde el citado diario se significaba que la misma solo podía comprenderse en un ser degenerado e insensible, tal y como el doctor Sánchez había certificado en su día. Esa misma noche hubo pleno en el ayuntamiento, y allí el alcalde agradeció la respuesta dada en la ciudad por tan loable causa. Al día siguiente «La Gaceta de Madrid» publicaba el real decreto conmutándole a Aniceto la pena de muerte por la de cadena perpetua.

Evitada la ejecución, el director del hospital de dementes publicó un par de artículos develando algunos rasgos de la personalidad de Nicasio que ayudasen a entender su fría reacción al conocer que había sido indultado. Sostenía que su insensibilidad e inestabilidad no eran ajenas a las dramáticas circunstancias familiares vividas, ya que había sufrido repetidas agresiones en por parte de su padre, quien padecía tendencias alcohólicas, que le provocaron deformidades físicas y morales, «no habiendo, por tanto, quedado en condiciones de resistir bien los rudos embates de la vida». Así mismo resaltaba que durante su estancia en prisión en todo momento se mostró inmutable ante el crimen cometido, escribió muy pocas veces a sus ancianos padres, jamás se preocupó por su suerte, ni llamó a su abogado defensor. Quiso fugarse escalando los muros de la cárcel, fracasando en el intento, circunstancia que le dejó frío e impasible. Los únicos sentimientos de afecto que mostró, añadía el doctor Sánchez, fueron hacia una paloma que cuidaba en su celda.

Enrique Sánchez Lubián, escritor y periodista
Enrique Sánchez Lubián, escritor y periodista