El Ayuntamiento de Toledo rechaza pagar 4,5 millones por el parking de Azarquiel y se niega a expropiar otros 12.000 metros cuadrados

Es cierto que el precio marcado por la el Jurado Regional de Valoraciones, órgano colegiado dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está muy lejos de los 22,37 millones que reclama la sociedad propietaria, Inversiones Doalca, pero está también a años luz de los 285.394 euros en los que el Ayuntamiento valoró la operación por la que pretende hacerse con la titularidad de esta estratégica parcela desde el punto de vista de la movilidad. La decisión final corresponderá al alto tribunal regional.

El conflicto no termina ahí porque no sólo hay desacuerdo con el precio, sino también con la superficie a expropiar. De hecho, sobre este último asunto la Comunidad de Bienes de la parcela de Azarquiel ha iniciado otro procedimiento que lleva camino de acabar también los tribunales.

De hecho, la Junta de Gobierno Local del pasado 22 de julio de 2025 ha inadmitido la solicitud de los propietarios para que se expropien otros 12.700,45 metros cuadrados de la finca por el procedimiento denominado expropiación por ministerio de la ley.

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Esta figura permite a una persona física o jurídica reclamar la expropiación del resto de su finca cuando, tras una expropiación parcial, el terreno sobrante queda antieconómico o improductivo.

La empresa sostiene que la parcela tiene una superficie real de 31.575,45 metros cuadrados, y no los 18.059 metros que figuran en el catastro, y que todo el terreno es «espacio libre no edificable» según el Plan General vigente, lo que impediría cualquier aprovechamiento urbanístico.

El Ayuntamiento rechaza la petición dado que no está acreditada la titularidad de esa parte del suelo. Además tienen el convencimiento de que la totalidad o una parte de esos 12.000 metros cuadrados podrían formar parte del dominio público hidráulico del río Tajo.

Además, los servicios técnicos y jurídicos municipales entienden que no se cumplen los requisitos legales previstos en los artículos 149 y 150 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

El proceso expropiatorio de esta parcela por razones de utilidad pública comenzó en 2023, pocos meses antes del final de la pasada legislatura municipal.

El equipo de Gobierno de Milagros Tolón tomó la decisión para evitar hacer efectiva la ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo, fechada en septiembre de 2022, que obligaba a la administración local a restituir la posesión de la parcela a Inversiones Doalca tras incumplir el Ayuntamiento los convenios urbanísticos firmados en 2015 y 2018 entre ambas partes.

El último de ellos establecía el plazo de dos y cuatro años respectivamente para la aprobación inicial y definitiva del nuevo Plan de Ordenación Municipal en el que debía asignarse un aprovechamiento urbanístico a la parcela en la que se habilitó el aparcamiento de 0,62 unidades de aprovechamiento por metro cuadrado.

Estos derechos urbanísticos debían incorporarse al Plan Parcial Huerta del Rey (PP-5) o a cualquier otro suelo urbanizable si el futuro ordenamiento urbanístico finalmente no concedía edificabilidad al citado Plan Parcial. En caso de incumplimiento de los plazos, como ha terminado por suceder, el convenio preveía la devolución de la posesión y plena disponibilidad de la parcela a la propiedad.

La sociedad Doalca Inversiones es una Socimi titular de una cartera integrada por nueve propiedades, ocho de ellas en Madrid y otra en Toledo. Se trata de Huerta del Rey, finca que fue calificada como urbanizable en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007, y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 2018 tras un largo recorrido judicial.