«Más plurales» expresó su rechazo a la «ley Celaá» en Zocodover

Tras leer un manifiesto, el secretario autonómico de Escuelas Católicas, Ángel Camuñas , explicó que la protesta era en defensa de la libertad de enseñanza y «para pedir que se paralice» la tramitación de la ley porque «no tiene el consenso de la comunidad educativa». «No se nos ha escuchado, y al igual que con la Lomce no ha habido consenso. Esta ley limita gravemente los derechos de las familias, la libertad para elegir los centros educativos de sus hijos, es intervencionista, y queremos seguir siendo un país plural y libre, y la educación no puede estar solo en manos de cada Gobierno y precisa de un consenso, un pacto de toda la comunidad educativa».

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en la región, José Herrera, por su parte, lamentó que se trate de la octava ley orgánica desde el inicio de la Democracia. «Basta ya a los avatares de una ley educativa en función de lo que decidan los partidos políticos», dijo, y añadió que «la sociedad civil debe pronunciarse por qué tipo de educación quiere para sus hijos, porque los padres son los únicos responsables, no el Estado, y se les ha privado de manifestar su opinión y parecer respecto a la ley».

También el responsable de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Juan Batanero , señaló que la «Ley Celaá» «nos ha robado el debate de la comunidad educativa y no apuesta por mejorar la calidad educativa ni mejora la financiación y discrimina a la educación concertada y especial. En diez años recoge que se acabará con los centros de educación especial» y, encima,«ataca gravemente la libertad de pensamiento al no permitir la elección de centro y también a los docentes y personal de servicios, a estos que va a dejar en la calle». A su juicio, es factible la «dualidad y complementariedad» de la red concertada y la pública, que «lleva funcionando ya 40 años». Y se han recogido más de un millón y medio de firmas, que se han presentado en el Congreso, y la campaña no ha concluido pues este domingo, en todas las grandes ciudades del país y de Castilla-La Mancha, se celebrarán marchas en automóvil bajo la consigna «Celebrar la libertad de enseñanza».

Por último, el secretario general de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (Feuso) de Castilla-La Mancha, Juan José Bazán, subrayó que «esta ley es un desprecio absoluto a todos los docentes, de la pública, privada y concertadas», al no poder intervenir en la elaboración normativa.

También ha participado en la manifestación la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha avanzado que el Grupo Popular presentará en el Pleno municipal del próximo jueves una moción «para que todos los concejales muestren su rechazo a la Ley Celaá y se posicionen en defensa de la educación concertada, dado su peso en la ciudad, de la educación especial y de que el español siga siendo vehicular en la enseñanza en toda España».

Así lo ha anunciado Alonso tras participar junto a los concejales del Grupo Popular y la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, en la concentración convocada por la plataforma Más Plurales en Zocodover para mostrar su rechazo a la aprobación de la reforma educativa del Gobierno que hoy se vota en el Congreso de los Diputados. Para Alonso, esta ley es un ataque a los «más de 8.000 alumnos y sus familias que en Toledo eligen la enseñanza concertada, ya sea religiosa o a través de cooperativas, para los más de 1.500 trabajadores que prestan sus servicios en centros concertados en la ciudad así como para los distintos centros de educación especial que hay en Toledo y que el Gobierno quiere cerrar».