Desde la primera sospecha se procedió a la inmovilización inmediata de la explotación afectada y de aquellas situadas dentro de la zona de restricción establecida, compuesta por un área de protección de tres kilómetros y otra de vigilancia de diez kilómetros. En su interior se están realizando visitas de inspección clínica y toma de muestras, además de reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad. También se han restringido los movimientos de aves y demás productos avícolas.
La aplicación de las medidas preventivas, antes incluso de la declaración oficial del foco, implicó este fin de semana el sacrificio y la destrucción de los cadáveres la totalidad de los animales de la explotación afectada, así como la eliminación de materiales que pudieran vehicular el virus como estiércol, pienso o camas.
Fue en la tarde del pasado viernes cuando el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza Aviar, confirmó que se trataba de una cepa de IA subtipo H5N1. La patogenicidad del virus se caracterizará este lunes, lo que permitirá formalizar la declaración del foco.
Desde el momento de la sospecha se puso en marcha el protocolo de actuación, que se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Sanidad y el propio sector.
La directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, ha mantenido este lunes una reunión con representantes del sector para trasladarles el estado de la situación, informarles de las actuaciones realizadas a lo largo del fin de semana y pedir «la máxima colaboración para extremar las medidas de prevención y control».
Por último, la Consejería subraya que «esta situación no supone un riesgo de salud pública para la población general». El riesgo para los trabajadores con exposición ocupacional en la explotación afectada con aves enfermas se considera bajo y «no existe riesgo asociado a consumo de carne de ave o huevos cocinados».
Además, se recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas de la península, así como comunicar cualquier sospecha de enfermedad a los Servicios Veterinarios Oficiales con el fin de garantizar la detección precoz de nuevos focos y adoptar las medidas necesarias para frenar la diseminación del virus.
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