El bulo del «protocolo de seguridad» del fiscal general y la defensa del Gobierno
Sánchez ignoró el borrado de mensajes y exigió disculpas para García Ortiz
20 llamadas en cuatro horas: la UCO destaca la «extraordinaria actividad» del móvil de García Ortiz el día de la filtración
Editorial | Más indicios contra García Ortiz
La UCO acredita que el fiscal general borró «hasta en dos ocasiones» los mensajes el día que el Supremo le imputó
Madrid
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Iniciar sesiónEl informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -la UCO tantas veces ensalzada por el Gobierno en los últimos tiempos- llegó como un jarro de agua fría en la mañana de ayer para el Ejecutivo.
A la hora en que saltaba la ... noticia Pedro Sánchez clausuraba el acto por el XX aniversario de la ley contra la violencia de género junto a varios de sus ministros. Le tocó al titular de Economía, Carlos Cuerpo, que atendió a los medios al término del acto para comentar las novedades en la política arancelaria de Estados Unidos y sobre la nueva subida hoy mismo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), responder en primer lugar, y admitió que no conocía los detalles de la información, comprobando en sus propias carnes como los problemas en la agenda judicial del Ejecutivo interfieren en el resto de sus políticas. Casi a la misma hora, en otra comparecencia ante los medios en Carboneras (Almería), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitaba, atrincherándose en el consabido argumentario, a arremeter contra el Tribunal Supremo (TS), pues a su juicio la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «no tiene ni pies ni cabeza».
Ya nadie reclamó, en el ámbito de Moncloa y el PSOE, que se le «pida perdón» a García Ortiz, exactamente las palabras que empleó el propio Sánchez el pasado 19 de diciembre, cuando en una rueda de prensa en Bruselas consideró «probado» que el fiscal general no había desvelado ni filtrado un documento confidencial relativo a la causa por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, quien no pagó 300.000 euros del Impuesto de Sociedades en dos ejercicios. El presidente del Gobierno afirmó entonces que no existían pruebas de esa conducta, ignorando el borrado de los mensajes del fiscal general que ni siquiera la propia Fiscalía ha llegado nunca a negar, y que ya admitía en una nota informativa ese mismo 19 de diciembre.
«Protocolo de seguridad»
Por el contrario, la justificación esgrimida desde hace tiempo por la Fiscalía en varios comunicados, como por el propio García Ortiz en su declaración ante el TS el pasado 29 de enero, es que ese borrado de mensajes obedeció a un supuesto «protocolo de seguridad» ordinario. Es decir, y en última instancia, a algo ajeno a su voluntad. Otros fiscales que han declarado en la causa afirmaron desconocer la existencia de dicho protocolo, que en cualquier caso se habría aplicado, casualmente, y de creer la versión del fiscal general, justo el pasado día 16 de octubre, la misma jornada en que el TS abrió la causa penal en su contra.
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Por la causa que investiga la conducta de García Ortiz ha desfilado también como testigo el senador Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid, después de la exclusiva de ABC que precipitó su renuncia el pasado noviembre y que daba cuenta de cómo llevó a un notario de la capital los mensajes que un alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le envió el 14 de marzo de 2024. Le instaba en aquella ocasión a utilizar la información sobre el documento confidencial de marras en su enfrentamiento semanal con Ayuso en la Asamblea de Madrid, algo que sucedió aproximadamente una hora antes de que publicase el documento el diario 'El Plural'.
Sánchez Acera, además de jefa de gabinete del entonces director del Gabinete de la Presidencia y hoy ministro y líder del PSOE madrileño, Óscar López, era persona de confianza de Lobato, y hoy la dirigente que controla el aparato de los socialistas madrileños como número dos de la flamante Ejecutiva de López.
Las revelaciones de la UCO, en suma, ponen en solfa el relato diseñado desde la sala de máquinas de Moncloa, que seguirá elaborando nuevas respuestas para el caso.
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