Bolaños acusa al juez Peinado de atentar contra «la imparcialidad» de la Justicia tras la imputación del delegado del Gobierno

En una brevísima declaración ante los medios de comunicación antes de participar en la sesión de control en el Senado, y sin admitir preguntas, Bolaños ha señalado que «esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación, máxima, para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país».

La imputación de Martín se remonta a su anterior responsabilidad como secretario general de la Presidencia, cargo en el que precisamente sucedió a Bolaños en 2021, cuando este último fue nombrado ministro por Sánchez. Se trata de un dirigente del PSOE de la Comunidad de Madrid muy próximo tanto al presidente como al ministro, y que incluso sonó el año pasado como posible sucesor al frente de la federación autonómica del partido de Juan Lobato, lo que finalmente recayó en el ministro de Transformación Digital, Óscar López, tras la dimisión de Lobato, hoy senador del Grupo Socialista.

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Mariano Alonso

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Bolaños declaró ante el juez Peinado el pasado día 16 de abril, donde se desentendió de la contratación de la asesora Ávarez como personal eventual de la Presidencia del Gobierno. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, uno de los dirigentes en los que mayor confianza tiene Sánchez desde que llegó al poder, argumentó en esa declaración que todas las mujeres de anteriores presidentes del Gobierno habían tenido asesores a su cargo.

Así ha sido, aunque para tareas representantivas o logísticas, pero no relacionadas con actividad comercial alguna, como las que ahora investiga Peinado sobre Cristina Ávarez, directora de Programas en la Secretaría de Presidencia, quien participó en gestiones gestiones relacionadas con la Cátedra Extraordinaria que dirigía la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid. Así consta en los correos electrónicos aportados por los patrocinadores de la actividad académica de la mujer del presidente, Reale Seguros y Fundación 'la Caixa', en la causa que se sigue contra Gómez por presunta corrupción.

En la legislación española, incluida la ley del Gobierno, no se regula ni se establece limitación alguna a la figura del cónyuge, como sí sucede en otros países. La diferencia entre Gómez y otras cónyuges quizás explique también el salto de rango entre quienes asistieron a otras esposas de presidentes, funcionarias de un nivel con sueldos entre los 40.000 y 60.000 euros, y la citada Álvarez, cuyo puesto estaba remunerado con el doble de sueldo.