La Audiencia Nacional deja en libertad al youtuber 'Valyrio'

Fuentes jurídicas consultadas por ABC indican que su libertad se acuerda al entender que ya se han asegurado las fuentes de prueba, y después de que el youtuber haya colaborado con la investigación facilitando las claves de sus dispositivos. Con todo, se le han impuesto otras cautelares consistentes en comparecencias quincenales en el juzgado, retirada de pasaporte, prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio. La magistrada entiende que de esta manera se evita el riesgo de fuga.

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Adriana Cabezas

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En esta causa, que permanece bajo secreto de sumario, la Audiencia Nacional investiga a estas tres personas y a un cuarto, Adrián Molina -amigo de Alcasec- por pertenencia a organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Cuando estalló la operación Borraska, la Policía practicó una serie de registros, entre ellos el del despacho de Francisco Martínez, quien es abogado de profesión y ejerció la defensa de Huertas cuando era menor. Fuentes de su entorno explicaron a este diario que Martínez en su día constituyó dos sociedades para el joven hacker «perfectamente legales».

Los investigadores vinculan a Martínez con una red que robó información sensible «vinculada a millones de ciudadanos», entre la que se incluían datos personales procedentes de sistemas educativos, el registro civil, o bases de datos de compañías eléctricas.

La Audiencia Nacional en una nota informativa explicó que de lo investigado hasta el momento se desprendía la existencia de una organización criminal que había desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de la información que obtenían de forma ilícita, minimizando su exposición jurídica y operativa.

La información sustraída se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que fueron ejecutadas de forma sostenida durante años.

A partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible, pues la plataforma tecnológica les permitía cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social.

Toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según explica también la Policía Nacional en una nota difundida igualmente este miércoles.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y ha contado con la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 3.