Santi Vila se las ve con el Tribunal Supremo por prevaricación y desobediencia

Fuentes jurídicas relacionadas con el caso ven «prácticamente seguro» que se sustanciará el proceso penal, toda vez que la posición del fiscal se ha alineado con la posición del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), que fue el que instó a la apertura de acciones penales contra Vila y su sucesor en la Consejería de Cultura, Lluis Puig. El fiscal ha salido en apoyo de la denuncia presentada por el ayuntamiento de esa pequeña localidad altoaragonesa.

El criterio acusador de la Fiscalía contra Vila se ha conocido coincidiendo con su dimisión como 'conseller' del gabinete presidido por Puigdemont . Dejó el cargo horas antes de que se votara la declaración de independencia en el Parlamento catalán.

Vila hizo de mediador entre la Generalitat y el Gobierno central en busca de una salida pactada para los sediciosos, propuso a Puigdemont que eludiera la declaración de independencia convocando elecciones anticipadas, pero su tesis no prosperó y en la tarde del jueves presentó su dimisión al presidente catalán.

Pese a desmarcarse del proceso sedicioso, Vila puede acabar procesado por sus actos previos mientras estuvo al frente de la Consejería de Cultura. La Fiscalía coincide con el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena , Jorge Español , en que Santi Vila consumo tres desobediencias a órdenes judiciales. Y, además, el fiscal coincide igualmente con Jorge Español en que también incurrió en un delito de prevaricación, porque maniobró contra ley para entorpecer el cumplimiento de las órdenes judiciales.

La Fiscalía, sin embargo, no achaca a Vila -al menos de momento- un delito de apropiación indebida de obras del patrimonio histórico español, delito del que sí le acusa el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

Si, como todo parece indicar, se abre el procedimiento penal contra Vila y Puig en el Tribunal Supremo, se dilucidará posteriormente a qué delitos se enfrenta finalmente. Si prospera el de apropiación indebida , sería el más grave de todos, por la pena de hasta seis años de cárcel que lleva consigo.

La Generalitat se ha negado sistemáticamente ha cumplir en tiempo y forma con las órdenes judiciales dictadas hasta la fecha sobre el «caso Sijena». El Gobierno de Puigdemont hizo de este caso judicial un ensayo de su particular hoja de ruta independentista . Se negó a devolver las obras de arte alegando incluso una supuesta supremacía de las leyes catalanas sobre las del Estado.