Promulgada la ley con la que Aragón se proclama «país» y «nacionalidad»

Esta ley ve la luz gracias a los votos del PSOE, los nacionalistas de la Chunta –que la han promovido-, Podemos , IU y el PAR –socio del PP en las Cortes Generales-, y el rechazo del PP y de Ciudadanos, partido este último que hace unos días amagó con recurrir este texto ante el Tribunal Constituicional.

Con su publicación en el BOA, esta ley ha quedado formalmente promulgada por el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Lo ha hecho «en nombre del Rey» , según reza el preceptivo encabezamiento del anuncio publicado en el BOA por el jefe del Ejecutivo regional.

La ley destila inspiración soberanista desde su primera línea , y se reafirma en su primer artículo. Una inspiración soberanista sostenida argumentalmente en todo su preámbulo al presentar a Aragón, en la actualidad, como un sujeto diferenciado y con identidad sociopolítica propia pese a su pertenencia al Estado español y a la Unión Europea. Se apela también al «pueblo aragonés» como sujeto político y a su derecho a manifestar en cada momento su «voluntad colectiva», antesala del derecho de autodeterminación.

Así, el artículo primero de esta Ley declara que «Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento» .

Además, el artículo 4 proclama el «carácter originario e imprescriptibilidad» de «los derechos históricos del pueblo aragonés». Así, subraya que «son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía» y, por tanto, esos «derechos históricos» quedan colocados en un plano de superioridad.

Asimismo, advierte igualmente en el párrafo segundo de ese artículo que «la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos». Y remarca que Aragón «ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios que deberán reivindicarse y reconocerse» .

Asimismo, esta misma ley obliga a las administraciones públicas aragonesas, a partir de ahora, a «utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación ‘Aragón, nacionalidad histórica’, así como a fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación» . Es decir, a cultivar y propagar el concepto nacionalista desde las instituciones aragonesas y con fondos públicos.

Una de las disposiciones adicionales de esta nueva ley exige también al Estado que derogue los decretos de abolición de los fueros aragoneses que Felipe V dictó hace 300 años . Dice esta nueva ley autonómica que no fueron unos decretos legítimos, sino dictados «por el derecho de conquista». Proclama esta nueva ley que derogar dichos decretos de Felipe V son necesarios para «hacer posible la superación histórica de las consecuencias negativas que, derivadas de los decretos de abolición foral de 1707, todavía hoy padece Aragón como nacionalidad histórica, tanto en lo político o cultural como en lo relativo a la financiación».

En el preámbulo de esta ley autonómica se subraya que el carácter nacional de Aragón acumula «más de doce siglos de historia». Define a esta tierra como «país», que en su momento «fue germen y cabeza de una confederación peculiar y precursora en Europa, la Corona de Aragón». Y reivindica «nuestro hecho nacional» como fruto de «la voluntad de los aragoneses de existir como pueblo» .