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Los vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato son los que mejor conocen las molestias que supone esta carestía impropia de sociedades avanzadas. Las colas para conseguir agua potable de los camiones de reparto bajo el sol se han convertido en una estampa diaria desde abril. El problema nació cuando el pantano de Sierra Boyera, que abastece al Norte, se fue secando. El Gobierno central decidió entonces conectar en superficie este embalse con el de La Colada para solucionar un problema que en realidad debería estar arreglado hace años, pues la promesa de una conexión entre ambos pantanos la hizo la Junta hace tres lustros sin que nunca se haya llegado a materializar -el Gobierno regional está tramitando su ejecución-. Con el paso de las semanas sin agua del grifo -el trasvase desde La Colada hasta ahora ha sido fallido tras decretar la Junta que su agua no era potable, por sus niveles de carbono orgánico total-, el malestar se unificó por parte de los alcaldes de la zona que plantean la necesidad de que todas las Administraciones se impliquen en un plan de inversiones hidráulicas para el Norte. «No somos una tierra de tercera y necesitamos inversiones urgentes», ha explicado en varias ocasiones el alcalde de Pozoblanco y presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, Santiago Cabello (PP).

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Un discurso que se complementa, por ejemplo, con el que manda el alcalde de Hinojosa, expresidente de la Diputación y miembro histórico del PSOE cordobés Matías González: «Necesitamos soluciones y que las Administraciones estén coordinadas».

La necesidad de sacar el problema del debate polarizado propio de las épocas de comicios y de colocarlo en la agenda de todos los partidos es uno de los objetivos que mueve a la plataforma Unidos por el Agua, que se ha constituido esta misma semana en Los Pedroches cuando se cumplían cuatro largos meses sin agua potable. Al frente de la misma estará a partir de ahora Miguel Aparicio, histórico ecologista que ya se destacó hace dos décadas en la lucha contra la instalación de un cementerio nuclear en la zona.

Lo acompañan en la directiva personas muy conocidas del activismo pedrocheño como Daría Romero, líder del movimiento ciudadano que demandó durante años la creación de la estación del AVE de Villanueva de Córdoba. La plataforma, pese a la cercanía de algunos de sus miembros más destacados con formaciones políticas, trata de desvincularse de partidos. «Tenemos que dejar atrás colores políticos y trabajar por un bien tan necesario para la vida como es el agua», explica su presidente. En su opinión, Los Pedroches y el Guadiato no pueden olvidar que «los ganaderos llevan mucho tiempo viviendo una situación catastrófica y el motor de nuestra tierra no se puede parar».

De forma paralela a este movimiento cívico, el liderazgo político frente al problema del Guadiato y Los Pedroches lo ha encabezado en los últimos meses el nuevo presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. Es significativo que su primer viaje oficial a las escasas horas de tomar posesión fuese a La Colada, que, como zona peligrosa en periodo electoral, no había recibido ninguna visita del anterior presidente, el socialista Antonio Ruiz, desde que se decretó que el agua era no apta en abril y hasta el cambio de gobierno de La Merced de finales de junio.

Fuentes, a los pocos días de la investidura, afrontó el problema de cortes de agua que se dio cuando se rompieron las instalaciones de bombeo de La Colada -asunto resuelto por ahora- y en las últimas fechas apuesta por una conexión del pantano de Puente Nuevo con Sierra Boyera como solución definitiva. «Tenemos que hacerlo cueste lo que cueste», ha explicado.

Mientras, Emproacsa (empresa de aguas de la Diputación) sigue trabajando en una solución que rebaje los niveles de carbono orgánico total del agua de La Colada y la haga potable. Está probando con dos sistemas, la ósmosis y la ultrafiltración. Hasta ahora, ha informado de que ha logrado resultados alentadores, pero no definitivos. Eso sí, de ser válido cualquiera de esos sistemas, lo de beber del grifo no sería inmediato. Para aplicar cualquiera de ellos, serían necesarios entre cuatro y seis meses.

Un calco de lo ocurrido en el Norte, a escala más pequeña, es lo que sucede desde hace una semana en la urbanización de Las Jaras, de la capital, si bien en ella lo que ha sucedido es que ha vuelto a dar la cara el eterno problema de la red de distribución y depuración de ese enclave, que, en contra de lo que es habitual, está en manos de empresas privadas, ligadas a la que realizó la urbanización. Se calcula que serán necesarios siete millones de inversión y, aunque el Ayuntamiento ha trazado una hoja de ruta para normalizar la situación, eso tardará en producirse al menos un lustro.

Ahora, son necesarios camiones cisterna municipales para suministrar agua potable, porque la Junta decretó el 10 de agosto que la de Las Jaras no era apta para el consumo por los altos niveles de manganeso y aluminio. Su asociación de vecinos reclama desde hace años al Consistorio una solución definitiva, dado que la falta de calidad del agua en la zona es recurrente, así como los cortes en el suministro.

Las reclamaciones al Ayuntamiento de Córdoba no quedan ahí, pues son numerosos los habitantes de parcelas de barriadas periféricas de El Higuerón o Villarrubia que carecen de acceso a la red pública y tienen que lograr el agua potable en pozos. Sus demandas han sido frecuentes en los últimos años debido a la sequía, que también ha provocado la reducción de aguas subterráneas. Córdoba capital, no obstante, tiene suministro de agua garantizado para los dos próximos años, lo que la deja en una circunstancia de cierta tranquilidad. No obstante, en julio activó limitaciones: planes de ahorro de grandes consumidores urbanos o reducción del consumo de las fuentes ornamentales.

La semana pasada también dejó una noticia sombría para la Campiña Sur, ya que la Junta ha anunciado que va a realizar una serie de controles sanitarios de las fuentes de la comarca en las que Ecologistas en Acción ha encontrado niveles de nitrato superiores a lo permitido. Aguilar, Montilla, Fernán Núñez o Montalbán son algunos de los municipios que se pueden ver afectados según el análisis previo realizado por el colectivo ecologista. El estudio, además de revisar los niveles de nitrato, permitirá saber si las fuentes están conectadas o no la red pública. A partir de ahí se tomarán las decisiones pertinentes y se sabrá qué alcance tiene este asunto para los vecinos de la zona.

Y éste sólo es el último episodio en el Sur, donde distintos municipios van adoptando restricciones mientras observan cómo su pantano de referencia, el de Iznájar, va perdiendo reservas de forma inquietante. El caso más significativo es el de Lucena. Allí, desde el 1 de julio, se vienen produciendo cortes con el objetivo de que los depósitos municipales vuelvan a alcanzar niveles óptimos de llenado. Así, la población de la segunda mayor localidad de Córdoba, en habitantes, viene sufriendo cortes nocturnos, a los que se suman otros el fin de semana: los sábados, de 16.30 horas hasta 20.30 en la mitad de la ciudad y los domingos, en el mismo horario, en la otra mitad.

Todos estos problemas crecientes permiten observar cómo la crisis del agua no es algo que se limite ya al Norte de la provincia y a su tradicional carencia de infraestructuras hídricas, sino que comienza a extenderse por otras zonas debido a la sequía. De hecho, la mayoría de municipios cordobeses han establecido en los últimos meses medidas de control del consumo de agua con el fin de racionalizar el gasto y ante el temor de que puedan venir de nuevo meses secos que agudicen aún más la situación.