Aldama tenía que colocar por contrato mascarillas a Baleares, Canarias e Interior

El primer contrato se firmó el 22 de marzo de 2020 ante la publicación en el BOE del anuncio de compra de 20 millones de euros en mascarillas por el organismo Puertos del Estado. La empresa De Aldama firmaba que podía «asesorar al cliente en la presentación de la oferta de adquisición». El problema es que en esa fecha no sólo se había anunciado la compra, sino que se había adjudicado ya a Soluciones de Gestión, un trámite que se solventó en 24 horas. El contrato entre ambas partes, de hecho, es de la misma fecha que la declaración de usuario final suscrita por el recién cesado secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, formalizando la encomienda a Soluciones, la empresa que en la sombra manejaba Juan Carlos Cueto.

Los investigadores presumen que hasta llegar a ese punto, lo que medió fue un tráfico de influencias desplegado por De Aldama sobre el que era mano derecha del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, a cambio de mordidas. El contrato firmado por Aldama, por contra, recoge explícitamente su compromiso de que no había recurrido a ninguna práctica de este tipo para hacerse con el contrato.

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No es lo único que no cuadra. En la segunda adenda al contrato, Soluciones de Gestión y De Aldama pactaban ya lo que sería la hoja de ruta. Justificaban la adición porque en el contrato inicial se incluían «únicamente como operaciones potenciales para la prestación de servicios» las que apuntaba el BOE para el Ministerio de Transportes y se había hecho realidad la expectativa de que más órganos y organismos públicos necesitarían mascarillas.

Era 29 de abril y había que reformular el contrato. Esta segunda versión compromete a De Aldama con una lista de «potenciales adjudicaciones de suministro de mascarillas» que, dice, están «en negociación». La lista recoge el suministro al Servicio Canario de Salud de 2,75 millones de mascarillas, como también la «propuesta Servei de Salud de les Illes Baleares» reflejada como «suministro de hasta 1,5 millones de mascarillas». Figuran a renglón seguido los epígrafes «propuesta Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior)-suministro de hasta 1,3 millones de mascarillas» y, de nuevo, «Servicio Canario de Salud-suministro de 2 millones de mascarillas».

En el caso de Interior, tampoco cuadran las fechas. El contrato, al que tuvo acceso ABC, lo había firmado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, dos días antes de que Víctor de Aldama suscribiese la adenda con Soluciones de Gestión. Y, por lo que respecta a Canarias, la fecha de formalización del primero de los contratos es del 22 de abril, es decir, de nuevo, días antes de la firma de esa adenda.

En el caso de Baleares, el mismo día que Aldama firmaba con Soluciones, el Gobierno de Baleares que presidía la socialista Francina Armengol solicitó al Servicio de Salud la declaración y la tramitación de emergencia para comprar material sanitario a esta empresa. Sin contrato previo y sin haber iniciado aún los trámites para realizar este tipo de compras de emergencia, el lote de 1,5 millones de mascarillas FFP2 ya había aterrizado en Palma: llegó el 27 de abril y resultaron además inservibles porque eran defectuosas.

Como desveló ABC, apenas 48 horas antes de mandar las mascarillas a Baleares, la trama de Koldo contactó con el subdirector de compras del IB-Salut, a su correo profesional y al personal, lo que apunta a que ambas partes habían hablado antes. Era un mensaje aparentemente de confianza en el que ofrecía este cargamento que otras regiones habían rechazado. El 4 de mayo, nueve días después de que llegaran las mascarillas y ya con las dudas sobre su calidad, el IB-Salut firmó la resolución acordando la tramitación de emergencia y no se hizo ninguna reclamación hasta pasados tres años, en julio de 2023.