Yolanda Díaz se enfrenta a la gestión de Marlaska en los disturbios de Cádiz

Con una marcada conciencia sindicalista, Díaz no solo ha mostrado su respaldo a los trabajadores del sector del metal que están en huelga indefinida desde hace una semana. Sino que además, con esta condena al uso de la tanqueta, busca proteger a Unidas Podemos del coste en su electorado que supone estar en el Gobierno mientras el PSOE avala la intervención policial.

«Los trabajadores no son delincuentes, están defendiendo legítimamente sus derechos», expresó ayer la vicepresidenta en los pasillos Congreso. Y repitió que había que retirar el blindado. Díaz ya se puso en contacto el lunes por la noche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y Grande-Marlaska para que se retirase el vehículo de la zona.

Fuentes de Unidas Podemos en el Ejecutivo consideran que esos medios deben usarse «en situaciones que no son controlables». Para ellos, Cádiz no tenía ese riesgo y reclaman explicacione s . Pero Unidas Podemos no tiene ninguna garantía de que vaya a dejar de usarse. Durante la jornada de ayer La Moncloa dejó claro que el uso de la tanqueta es «un recurso proporcionado y habitual» y «conforme a los protocolos» ante manifestaciones y disturbios.

En la parte socialista del Gobierno no gusta que Unidas Podemos manifieste el reproche. «Pero eso es algo a lo que ya estamos acostumbrados», decían fuentes del PSOE en el Ejecutivo. Ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez , manifestó el apoyo del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque, dijo, actúan con la «ponderación necesaria» entre garantizar el derecho de los trabajadores a manifestarse y la garantía del orden público.

Se cumplía el octavo día de protestas en Cádiz para negociar mejores condiciones laborales con la patronal. Una jornada que volvió a terminar con cargas policiales para intentar disolver las barricadas , evitar la quema de contenedores y expulsar a grupos que lanzaban objetos contra la Policía. A los sindicatos del sector y manifestantes de las empresas auxiliares de Navantia y Airbus se sumaron en apoyo los de los estudiantes en una cifra comprendida entre los 1.500 (Policía) y 3.000 manifestantes .

También en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta Díaz hizo un llamamiento a trabajadores y empresas implicadas para que lleguen «cuanto antes» a un acuerdo «por el bien de todos». Y pidió que se respeten los derechos de huelga y manifestación. En gran parte de las marchas, como en la de ayer, ha estado, megáfono en mano, el alcalde de Cádiz, José María González Santos , más conocido como 'Kichi', que roza la mayoría absoluta en el consistorio con Adelante Cádiz, marca morada local.

Kichi le envió ayer una carta a la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos solicitándole una reunión. «No sólo debemos mediar en el convenio y remar para que los trabajadores consigan un acuerdo digno, sino también para que la Bahía tenga presente y futuro», explicó el alcalde.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens , llevó la exigencia de la retirada de la tanqueta al Pleno de la Cámara baja y desde allí se remitió al ministro del Interior. En los pasillos, previamente, Asens siguió cargando contra la Policía: «No vimos las tanquetas en las manifestaciones de nazis de Chueca, y tampoco las veremos este sábado en la manifestación contra la derogación de la 'ley Mordaza', por eso no entendemos el porqué han hecho acto de presencia en Cádiz».

La parte socialista del Gobierno no quiso que el diferente enfoque que hay en el seno de la coalición quedase patente en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pero fue evidente porque, preguntada al respecto, la ministra de Igualdad, Irene Montero , reivindicó el derecho de huelga de los trabajadores. Sin embargo, evitó referirse a las explicaciones que su partido había pedido unas horas antes la retirada de las tanquetas de las UIP.

Unidas Podemos considera el uso de la tanqueta una forma de amedrentar a los manifestantes . «Esa imagen es una provocación», escribía Asens en Twitter anteayer. El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias , ya en calidad de tertuliano, quiso poner la puntilla en la Ser: «En buena parte de las intervenciones de la UIP hay sesgo ideológico».

Por su parte, la ministra portavoz defendió que desde el Gobierno se avalan las actuaciones policiale s: «Siempre respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores pero al mismo tiempo de garantizar el orden público en las zonas afectadas». Insistió en el mensaje de trasladar la «confianza siempre del Gobierno en las FCSE encargados de velar por la seguridad de todos».

Pero el Ejecutivo tampoco quiere aparecer en este conflicto al margen de las reivindicaciones de los huelguistas. Y Rodríguez trasladó también el «respeto y apoyo más absoluto a los trabajadores de Cádiz en el ejercicio de su legítimo y constitucional derecho a la huelga, es el motor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras el derecho a huelga, de movilización y manifestación». Las quejas de Unidas Podemos tienen una evidente vocación de hacerse para que trasciendan mediáticamente . Pero no existe un debate real al respecto en el Gobierno. Varias fuentes consultadas aseguran que los ministros morados no abordaron la cuestión durante la reunión del Consejo de Ministros.

La protesta contra las acciones policiales eleva la presión un grado más después de que Unidas Podemos promoviera una declaración institucional desde el Congreso en apoyo a los trabajadores del metal. El texto está negociándose con el resto de grupos parlamentarios, pero necesita el aval de todos para salir adelante.

La primera versión que se conoció no está coordinada con el PSOE y ya se reclaman medidas al Gobierno: «El Congreso de los Diputados hace un llamamiento a todas las instituciones públicas a tomar medidas para garantizar y aumentar la producción industrial en la provincia de Cádiz». La iniciativa pone en una situación incómoda a los socialistas , que son el partido mayoritario en el Ejecutivo.