ETA y Bildu: 379 deudas de sangre con las víctimas y con la sociedad española

Casi 400 familias que ni siquiera han tenido la oportunidad de ver a los asesinos de sus seres queridos sentados en un banquillo para responder ante la Justicia. Como explica en el prólogo de esta obra el vicepresidente de DyJ, Víctor Valentín, fundamentalmente por dos razones. La primera, «por la ausencia de testigos y demás elementos de prueba», toda vez que los medios con los que contaban las fuerzas de seguridad para investigar estos atentados en los años más sanguinarios de ETA, a finales de los 70 y la década de los 80, eran muy escasos y rudimentarios. Y la segunda y más importante, según Valentín, «por el complejo de la sociedad y del Estado para hacer frente al terrorismo», lo que provocó que «durante muchísimos años se mirara para otro lado quedando en el olvido el dolor de tantas y tantas familias».

Muchos de estos asesinatos han prescrito, al transcurrir más de 20 años sin que la Justicia española pudiera abrir una causa judicial. Otros se cometieron antes de la Ley de Amnistía de 1977 , que extinguió la responsabilidad penal de los autores de unos 70 crímenes de ETA durante la dictadura y la Transición. Gracias a esa norma excepcional, muchos etarras salieron de la cárcel de inmediato y otros que permanecían huidos lograron así la impunidad. Es la misma ley que ahora pretende reformar este Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, como Bildu, pero sólo para los crímenes franquistas y no para los cometidos por ETA y otros grupos de extrema izquierda en esos mismos años e incluso después.

Y es que más del 80% de esos asesinatos ocurrieron ya en plena democracia y no pocos de ellos todavía no han prescrito. Sin embargo, los únicos culpables de que sigan impunes son los propios etarras, que se niegan a colaborar con la Justicia para aportar la más mínima prueba o indicio al respecto. Algo que sería muy útil para los tribunales españoles y las familias afectadas, como quiera que ETA era una organización con una jerarquía férrea y en la que, por tanto, los dirigentes de la banda sabían perfectamente quién cometió todos y cada uno de esos atentados sobre los que los etarras se niegan a confesar no sólo quién los cometió, sino también quién los ordenó y planificó.

Algunos de estos crímenes se perpetraron en las dos últimas décadas, por ejemplo el de Diego Salvá, el joven de 27 años al que ETA mató en 2009 cuando era agente en prácticas de la Guardia Civil en Calvià (Mallorca). O los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, asesinados por ETA a finales de 2001 mientras regulaban el tráfico en la localidad guipuzcoana de Beasain.

Dignidad y Justicia recuerda que la legislación española vigente ya condiciona ciertos beneficios penitenciarios a que los etarras colaboren con las autoridades para esclarecer otros crímenes de ETA. El artículo 90.8 del Código Penal establece que «la libertad condicional requiere» que el preso en cuestión «haya colaborado activamente» para, entre otras cosas, «la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», como esos más de 300 asesinatos de ETA posteriores a la Ley de Amnistía que siguen impunes. Y la Ley General Penitenciaria, en su artículo 72.6, exactamente lo mismo para el tercer grado.

Sin embargo, los etarras siguen accediendo a esos beneficios penitenciarios cuando cumplen el 75% de su condena sin colaborar con la Justicia. Y sin cumplir otros requisitos de esas mismas leyes, como pagar la responsabilidad civil a las víctimas, grandes cantidades de dinero que tiene que asumir el Estado. O el arrepentimiento «inequívoco» , que los etarras han venido sorteando con cartas de mero trámite que la Audiencia Nacional ya no considera válidas. Por todo ello, el presidente de DyJ, Daniel Portero, añade en la introducción del libro que «ETA continúa torturando hoy a todas estas familias con muy graves consecuencias morales y psicofísicas».

A lo largo de dos tomos que suman 770 páginas, este libro dedica una ficha completa a cada una de esas 379 víctimas cuyos asesinatos a manos de ETA no han sido resueltos. Desde sus datos personales y del propio atentado, hasta la situación judicial en la que quedó o sigue pendiente cada caso.

La presentación se ha celebrado en el Centro Cultural de los Ejércitos y ha contado con la participación de la número dos del Defensor del Pueblo , Teresa Jiménez-Becerril, hermana del concejal del PP sevillano Alberto Jiménez-Becerril, al que la banda asesinó en 1998 junto a su esposa, Ascensión García. Ha apuntado que "tenemos una deuda ingente" con esas 379 familias "que no pueden cerrar el círculo del dolor" porque "no saben qué pasó con sus seres queridos". Entre los asistentes estaba también el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Por su parte, el presidente de DyJ ha comparado la guerra de Ucrania con la necesidad de juzgar no sólo a los que apretaban el gatillo o activaban las bombas de ETA, sino también a los dirigentes que ordenaban y planificaban esos atentados. Portero explica que, aunque Putin "no ha dado ni un sólo tiro, nadie duda que debe ser juzgado por esos crímenes", de la misma manera que las sucesivas cúpulas o 'zubas' de ETA deben responder ante la Justicia española por los asesinatos que cometieron sus subordinados.