El voto antisistema de la CUP humilla a Mas y le obliga a enmendar su política

Para evitar unas nuevas elecciones autonómicas que, visto el triunfo en Cataluña de Podemos en las generales, se auguran catastróficas para Mas y su Convergència -no tanto para su socio en Junt pel Sí, Esquerra-, el presidente de la Generalitat ha aceptado muchos de los postulados sociales y anticapitalistas de la CUP. E incluso transige en diluir el poder del presidente de la Generalitat de Cataluña.

Los 3.577 militantes y simpatizantes que el próximo domingo decidirán si le invisten o no nuevo presidente ya tienen, de entrada, un motivo para sentirse ganadores.

Ante los reiterados «noes» a Mas por parte de la CUP -veremos el domingo-, Junts pel Sí ha propuesto una fórmula de «presidencia» de la Generalitat -ya no hablan ni de «presidente»- en la que Mas delegaría algunas de sus funciones en comisiones delegadas presididas por Oriol Junqueras (ERC), que además sería nombrado vicepresidente, Neus Munté (CDC) y Raül Romeva (ex ICV). Con todo, advierten los cuperos, como presidente de la Generalitat Mas conservaría algunas competencias intransferibles: convocar elecciones y cesar a miembros del gobierno. Precisamente, para conjurar estos recelos, el líder de Convergència se compromete a someterse a una moción de confianza diez meses después de tomar posesión de su cargo.

Junts pel Sí no ha cedido en algunas exigencias de la CUP, como comprometerse a revertir lo antes posible la privatización de la empresa Aguas Ter-Llobregat. Sin embargo, sí que ha aceptado paralizar el desarrollo del Consorcio Sanitario de Lérida, si bien es cierto que el Parlamento, con el apoyo de ERC, ya le instó a ello a final de esta legislatura.

No obstante, la rendición más obvia a los postulados de los antisistema es la paralización del Barcelona World , el macrocomplejo de casinos y hoteles a ubicar en Tarragona que Convergència impulsó para paliar al «no» de Sheldon Adelson a instalar Eurovegas en tierras catalanas.

En el argumentario en contra de votar a Mas, la CUP señalaba que el «presidente» encarnaba la derecha, la corrupción y los recortes en políticas sociales. Sobre esto último, la propuesta de JpS se propone enmendar los tijeretazos de la era Mas con un plan de choque social cuantificado en 270 millones de euros. Incluye medidas como reducir a la mitad las listas de espera para visitas al especialista o pruebas diagnósticas, acabar con los desahucios, aplicar el decreto de pobreza energética que el Tribunal Constitucional ya suspendió o recuperar la renta mínima de inserción que CiU recortó en un 30 por ciento. Todo eso, y más, con 270 millones de euros . Insuficiente para cubrir la previsión de gastos, alegan desde la propia CUP. Demasiado para las maltrechas arcas de la Generalitat, que viven, sobreviven, merced a la financiación asistida del Estado mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Además, cuadrar las cifras aún costará más si se mantiene el compromiso contraído con la CUP de no vender patrimonio inmobiliario de la Generalitat.

La propuesta de acuerdo de Junts pel Sí no ata a la CUP en el sentido de comprometerse a un pacto más allá de la investidura o a entrar a formar parte del futuro gobierno. Si Artur Mas es investido, volverá a estar en manos de la CUP para cuestiones claves tales como aprobar un nuevo presupuesto.

La propuesta de acuerdo de Junts pel Sí incluye medidas de desconexión con el Estado -más embajadas, dni y pasaporte catalán, un banco público, etc.- que a buen seguro recalarán en el Tribunal Constitucional por ser ilegales y de cuya aplicación se derivarán consecuencias jurídicas. Como la inhabilitación de los cargos que las tramiten. De todo esto se salvará la CUP, porque no entrará en el gobierno y porque declinó estar en la Mesa del Parlamento catalán. Por contra, sus diputados, como todos, gozan de cierta inmunidad ante según qué delitos.