El traspaso de prisiones al País Vasco está «cerrado» y se firmará en abril

Ya son 118 de 193, un 61%, los internos de la banda que se encuentran cumpliendo condena en Euskadi o en las provincias limítrofes, lo que responde no solo a una vieja reivindicación del PNV sino, –como certificó el 29 de enero en el Parlamento vasco su portavoz, Joseba Eguibar –, también al «acuerdo de 5 a la semana» . Esto es, al pacto alcanzado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez , con Bildu para acercar a a ese ritmo al País Vasco a los etarras encarcelados. Un compromiso que se respeta escrupulosamente y que de continuar así, permitirá que todos estén en el destino convenido antes de verano. Con las competencias de prisiones en la mano, corresponderá pues al gobierno de Iñigo Urkullu confirmar las salidas o eventuales terceros grados encubiertos que propongan las juntas de tratamiento de las cárceles ya bajo su gestión, a imagen de cómo la Generalitat viene actuando con los presos del procés.

Tras permanecer congelada durante siete años coincidiendo con los mandatos de Mariano Rajoy , la negociación del traspaso de las cárceles al País Vasco se ralentizó en 2020 por la pandemia y se impulsó definitivamente en octubre, cuando el PNV volvía a ser clave para Sánchez, entonces para allanar la aprobación de los presupuestos.

Al frente del último tramo de la negociación ha llegado como ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta , cuyo nombramiento fue recibido con inédito aplauso por el PNV. Confían en que el catalán imprimirá a las cuestiones de Estado que le afectan su visión «plurinacional», en palabras del líder peneuvista, Andoni Ortuzar, que ayer a primera hora llegó a Madrid para dirigirse directamente al Congreso para encontrarse con los diputados de su partido.

A la misma hora, Iceta se entrevistaba en su Ministerio con su interlocutora directa en este proceso, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno vasca , Olatz Garamendi . Al término del encuentro, el titular de Política Territorial anunció que en abril se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias llamada a consagrar este y otros traspasos. En concreto, está sobre la mesa el primero de t res bloques, este de doce materias, que comprenden el ‘cronograma’ de competencias que el País Vasco contempla asumir para cumplir lo previsto en su Estatuto de Autonomía . Entre ellas se cuentan las de transporte por carretera o el código bibliográfico ISBN, cuya cesión, según Garamendi, está también «muy avanzada».

Con la gestión de las cárceles, la política penitenciaria seguirá residiendo en todo caso en el Estado, pero el Gobierno vasco será quien, a través de sus propios órganos penitenciarios, administre la gestión y seguimiento del cumplimiento de penas, clasificación de los internos, programas de tratamiento, destino o permisos.

Con estas herramientas, que Cataluña tiene desde 1984, son conocidos los sucesivos intentos de la Generalitat por sacar a la calle a los presos del procés , algunos de los cuales han podido participar en la reciente campaña electoral o disfrutar en casa parte de las Navidades. Se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento de Régimen Penitenciario para concederles semilibertades o salidas diarias para acudir a trabajar o directamente progresiones a tercer grado, acciones luego recurridas por la Fiscalía y que el Tribunal Supremo ha ido revocando.

Al margen de este poder, el Ejecutivo de Vitoria también recibirá la titularidad de los inmuebles, mobiliarios, equipos y personal de las cárceles, incluida su regulación laboral. Es en este ámbito donde, desde el PP, su portavoz en materia parlamentaria de Interior, Ana Belén Vázquez, denuncia que «el desmantelamiento» del sistema de prisiones del Estado «es ya evidente». Alude la diputada al desalojo de 40 familias de funcionarios, 184 personas en total, de las viviendas que en los años 80 fueron habilitadas junto al centro penitenciario de Nanclares de Oca (Álava)para limitar desplazamientos innecesarios en plena ofensiva terrorista de ETA.

Según Vázquez, antes de las fiestas navideñas «les cortaron el agua y la luz» y ahora, «un día después de que el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz , visitara la semana pasada el centro, estalló la caldera y las últimas tres familias se tuvieron que ir».

«Eso es acoso inmobiliario. Hay quien llevaba viviendo 24 años allí, lo han pasado muy mal con ETA, les han silenciado... no se merecían salir como les ha echado Marlaska, es un trato que ni se da a los 16.000 okupas ilegales que han detectados», lamentó la parlamentaria. El PP ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja de Ortiz y la del ministro del Interior para que explique en qué situación quedarán los funcionarios de prisiones destinados en el País Vasco, todo ello ante el temor de que se les someta a inconveniencias laborales «para que pidan el traslado cuanto antes, como ocurrió en Cataluña».

A juicio de los populares, lo que el gobierno de Euskadi heredará con estas transferencias son prisiones como «hoteles de lujo» –la nueva cárcel de San Sebastián fue diseñada para tener piscina cubierta y televisiones de plasma en todas las celdas, eliminadas del plan durante la primera legislatura de Rajoy– «en las que concederán beneficios penitenciarios a los terroristas que han acercado durante todos estos años».