«La Transparencia ha sido otra de las víctimas del coronavirus»
Tres expertos critican la falta de compromiso de los políticos con la rendición de cuentas ante los ciudadanos

La transparencia se puede definir de muchas formas, pero quizá una de las maneras más gráficas de hacerlo sea la siguiente. «La transparencia es como la sinceridad: se exige la ajena pero se limita la propia», comenta Miguel Ángel Blanes, uno de los ... mayores expertos en la materia de España. Y a tenor de los hechos, no le falta razón, al menos al contemplar cómo funciona en España. Hace unos días Pedro Sánchez elogió «el ejercicio de transparencia» de la Casa Real al anunciar la marcha de Don Juan Carlos sólo una semana después de que trascendiera que el comité de expertos que el Gobierno dijo haber creado para valorar los cambios de fase de las regiones en plena pandemia no existía o, al menos, no se había creado formalmente.
«La Transparencia ha sido otra de las grandes víctimas del coronavirus», lamenta Blanes, quien acto seguido enumera problemas como la falta de cifras sólidas de muertos, la contabilización de los test realizados o que el Portal de Transparencia quedara atado de pies y manos durante la crisis sanitaria para argumentar su crítica. «Se ha evidenciado y constatado la dificultad que hay para acceder a la información o que las resoluciones del Consejo de Transparencia se cumplan», añade el experto para abrir el debate sobre si en España los políticos y la Administración se toman en serio este derecho de los ciudadanos.
«Uno de los problemas que tiene la transparencia es que no dar la información sale gratis, por incumplir no pasa nada»
Toma el testigo Isaac Martín , profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y también buen conocedor de este universo. «La transparencia surgió como una moda, pero una vez que ha pasado el tiempo, aunque se haya asentado, no está en la agenda política», diagnostica el profesor, a quien completa Roser Andreu, una investigadora que recientemente ha elaborado una tesis doctoral sobre el acceso a la información pública en España: «A nivel político, la transparencia interesa mucho, se les llena la boca, pero vale hasta cierto punto. Puedes generar crítica social, pero no sirve para que no se cometan irregularidades futuras».
«Uno de los problemas que tiene la transparencia es que no dar la información sale gratis, por incumplir no pasa nada», censura Martín, quien emplea una caricatura para ejemplificar de manera sencilla la situación que se vive en la Administración cuando no interesa dar un dato al ciudadano: «Lo primero que hace quien tiene la información es ver quién se la pide y para qué la quiere. Después piensa por qué tiene que trabajar para esta persona y, por último, busca un artículo legal para poder denegar la información».
En la misma línea ahonda Blanes, quien estima que actualmente en España hay una «falta de voluntad pura y dura» a la hora de responder a los principios de la ley de Transparencia desde los poderes políticos, bien cuando se trata de facilitar información. «Existe una consigna de no darla», clama el experto, que también tiene claras algunas de las causas por las que desde el Congreso o el Gobierno se aparca una reforma de la ley o incluso el refuerzo de instituciones como el Consejo de Transparencia, garante de que se cumplan los derechos de los ciudadanos en esta materia: «La falta de interés político deja entrever que igual la ley se aprobó de cara a la galería».
«Están aumentando las peticiones, las reclamaciones, pero por ejemplo el Consejo de Transparencia sigue actuando con los mismos medios que al principio» .
Y por todo ello existen distintos «puntos negros» en el sistema que son aprovechados por la Administración en detrimento de los ciudadanos. «Hay veces que presentas una solicitud, pasa el tiempo, no te dicen nada y no sabes si se debe al silencio administrativo o si no ha llegado la petición», comienza Andreu. En esta línea, Martín denuncia que cada vez más, los actores interpelados abusan de ese «silencio administrativo como forma de resolución». Es decir, callan ante preguntas incómodas esperando que se agoten todos los plazos, el ciudadano no reclame y el asunto muera.
Andreu también critica que el plazo para conseguir la información se convierte en muchas ocasiones «en una lotería». Al hilo, Martín alerta sobre el riesgo de colapso que sobrevuela sobre el sistema de transparencia por culpa de la falta de medios: «Están aumentando las peticiones y las reclamaciones pero por ejemplo el Consejo de Transparencia sigue actuando con los mismos medios que al principio» .
Pero la decisión de reforzar o no el sistema de transparencia , que no supondría una inversión estratosférica, está en manos de los políticos. Por ello, Martín ve difícil que vaya a haber cambios sustanciales al menos en el corto plazo: «El cambio radical no se va a producir de la noche a la mañana». Hasta que ese momento llegue, y como expone Blanes, el ciudadano se verá abocado a una situación de «indefensión absoluta cuando solicite información a la Administración. Si se trata de un dato molesto o que ponga en riesgo la continuidad del político, no lo conseguirá; si es algo más amable que realmente no moleste a nadie, la cosa cambiará. Al final estás en sus manos», concluye Blanes.
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