La suspensión del juicio por hablar con Otegi frustra el plan preelectoral de Ibarretxe

El sobreseimiento del juicio se decidió por mayoría, con el voto particular en contra del presidente del Tribunal. Manuel Díaz de Rábago defendió la continuidad del juicio, por entender que para ello bastaba la acusación popular, independientemente del criterio de la Fiscalía, siguiendo la doctrina aplicada por el Supremo en el «caso Atutxa». Sin embargo, los otros dos miembros del Tribunal, los jueces Antón Subinas y Juan Carlos Benito Butrón, inclinaron la balanza hacia la aplicación de la «doctrina Botín», que considera que la acción popular, por sí sola, no es suficiente.

Hasta 2013

El sobreseimiento no pone punto final al recorrido judicial de las conversaciones que el lendakari y el máximo dirigente del PSE mantuvieron con Batasuna después de la orden del Supremo de que esa formación cesara en toda actividad política. El abogado del Foro Ermua y el de Dignidad y Justicia, las asociaciones que ejercen la acusación popular en este caso, anunciaron sendos recursos ante el Tribunal Supremo con los que contaban de antemano todas las partes. Si el alto Tribunal diera la razón a la acusación popular, el juicio tendría que volver a celebrarse ante el Tribunal Superior Vasco, algo que podría llegar a ocurrir en el 2011 y terminar con recurso de casación y sentencia firme en 2013, según los cálculos del abogado del Foro Ermua.

No ocurrió lo mismo cuando el Tribunal Superior vasco juzgó al que fuera presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa, también por un delito de desobediencia al Supremo. Entonces, el Tribunal celebró el juicio hasta el final y absolvió a Atutxa. Posteriormente, la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que la revocó y consideró a Atutxa culpable de un delito de desobediencia.

Al margen de las declaraciones públicas de satisfacción por el sobreseimiento del caso por parte de los acusados y de frustración por parte de las acusaciones populares, que consideraban que el Tribunal no había seguido «la doctrina más moderna del Supremo», sino una anterior, la sensación ayer entre las partes era que, por el momento, no ha habido ni vencedores ni vencidos. Ibarretxe no ha conseguido que el Tribunal siguiera el juicio hasta el final y avalara con una sentencia absolutoria en vísperas de las elecciones autonómicas el diálogo con Batasuna y con ETA. El lendakari, que intentaba utilizar el juicio en su campaña, convocó ayer una reunión extraordinaria de su Gobierno para valorar la decisión judicial y mostró su preocupación porque el Tribunal «no ha querido entrar en el fondo del asunto». Consciente de que el proceso sigue, Juan José Ibarretxe abogó por que el Supremo atienda «al fondo del problema y no vuelva a criminalizar el diálogo político».

El abogado del Foro Ermua puntualizó a esa pretensión del lendakari que lo que se juzgaba «no es la legitimidad del diálogo», sino si «cuando el Supremo prohíbe algo, esa prohibición se puede saltar sin consecuencias y si el Estado de Derecho tiene valor para defender sus propias resoluciones».

Pero sólo García Capelo situaba ayer el proceso en términos jurídicos. El filoetarra Arnaldo Otegi coincidía con Juan José Ibarretxe en que en el Tribunal Superior del País Vasco se juzgaba el diálogo político y, en ese sentido, insistió en que «no hay posibilidad ninguna de resolver el conflicto en términos violentos, militares y policiales y en que sólo es posible construir un escenario de soluciones desde el diálogo, desde la negociación».

El socialista Patxi López culpó ayer «a la derecha y al PP en concreto» de haber tenido que comparecer ante los tribunales y les instó a que cambien la estrategia que «judicializar la política».