El Supremo tardará hasta un año en resolver el recurso

La petición del alto Tribunal no lleva la firma de su presidente, Carlos Dívar, pues éste disfruta fuera de Madrid de su descanso veraniego. La rubrica el magistrado Juan Antonio Xiol, que ejerce en funciones al presidir la llamada Sala de Vacaciones (órgano de guardia en agosto).

Tanto el Congreso como el Senado tienen un plazo de 60 días para pronunciarse sobre los suplicatorios, aunque éste no empezará a contar ahora sino a partir del 1 de septiembre. Fuentes citadas por Otr señalan que no será necesario agotar los dos meses ya que las votaciones en los respectivos plenos podrían producirse a principios de octubre.

Los trámites, muy similares en las dos Cámaras, comienzan con la remisión de la petición del Supremo a la comisión del Estatuto del Diputado, en el caso del Congreso, y a la Comisión de Suplicatorios, en el caso del Senado. De esta última forma parte Bárcenas, por lo que el Grupo popular procederá a sustituirle por otro senador.

Audiencia a los afectados

Ambos órganos darán audiencia a los afectados (que podrán hacerlo por escrito) y, a partir de ese momento, cuentan con un plazo de treinta días para elaborar sus informes, aunque las fuentes antes citadas creen que bastarán una o dos semanas.

Es en ese momento cuando cada Cámara, en Pleno, decidirá si levanta o no la inmunidad a los parlamentarios para que puedan ser investigados por los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública que les imputa la Fiscalía. La votación es secreta y su resultado será remitido al Supremo por los respectivos presidentes. Mientras el Senado y el Congreso deciden sobre los suplicatorios, la causa -en la parte que afecta a los dos aforados- está paralizada. No ocurre lo mismo con el resto del procedimiento.

Ayer, el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, aseguró que el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento de la rama valenciana de la Gürtel podría tardar «entre ocho meses y un año» en ser resuelto. Y ello porque, al ser un recurso «ordinario», el Tribunal deberá cumplimentar todos los trámites que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «Formalizar las causas, luego trasladarlas al fiscal o a las demás partes, a continuación la instruye el ponente y finalmente ya queda pendiente de señalamiento para vista o para deliberación», explicó Saavedra tras participar en los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense en El Escorial, informa Efe.

Límites del recurso

Saavedra indicó que, por ley, los recursos contra el archivo de un procedimiento sólo pueden ser por infracción de ley (ese es uno de los motivos anunciados por la Fiscalía), lo que implica que el análisis de la Sala se centrará en determinar si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo una interpretación correcta de los hechos y de su encaje o no en el delito de cohecho pasivo impropio.