«Sin noticias»: Más de 4.600 personas siguen desaparecidas en España

«En ese momento fueron los vecinos y mi familia los que hicieron lo que llaman ahora el rastreo de la zona , la policía hizo lo que pudo, pero no tenía recursos», recuerda Belén, quien en el momento de la desaparición de su hermano contaba con unos meses, pero que durante toda su vida ha perseguido conseguir alguna prueba más sobre el paradero de Albertito.

La misma lucha la tiene la familia de Juan Pedro Martínez Gómez, llamado por la prensa de la época ‘el niño de Somosierra’ un chaval de diez años que en 1986, desapareció sin dejar rastro después de que sus padres fallecieran en un accidente dirección Bilbao con su camión lleno de ácido sulfúrico. «No sabemos nada. Desde entonces se ha especulado mucho» , dice su tío Juan García.

Así se pueden relatar hasta 4.685 historias , que tiene contabilizadas la fundación QSD Global, como las de Paco Molina, quien lleva casi siete años desaparecido . O la de Caroline del Valle, la niña de 14 años que desapareció en Sabadell en 2015. O hijos, hermanas, padres, madres, que un día se esfumaron, desaparecieron sin causa aparente y hasta hoy.

Sobre los desaparecidos se habla en presente, nunca en pasado. Y por eso siempre se esfuerzan por recordarlos y también que los recuerden. Este viernes, en el Senado en la antigua sala de plenos, se recordó a una pequeña parte de los más de 4.600 desaparecidos. La fundación, que preside el periodista Paco Lobatón , organizó una entrega de premios donde la petición capital fue el impulso definitivo del Estatuto de la Persona Desaparecido.

Estas familias piden mayores medios en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando desapareció el hermano de Belén o el sobrino de Juan, no existían los drones que pudieran rastrear la zona. Tampoco georradares, «pero hoy en día siguen existiendo las mismas carencias» , se quejan las familias.

«Necesitan una ley específica que procure verdadero amparo a los desaparecido s. A su derecho a ser encontrados», dijo Lobatón. El objetivo de este estatuto es aportar una seguridad jurídica y asistencia psicológica a las familias. «Una ley que no hiera, como ocurre ahora con los trámites para las declaraciones de ausencia y de fallecimiento» , explicó el presidente de QSD. Es lo que las familias demandan. Que no les hagan pasar por el trago de dar por muerto a su ser querido, del que aún tienen esperanzas de saber algo. «Las lagunas burocráticas nos hicieron aceptar que mi hermano estaba fallecido por la herencia de mi padre, ya que era necesario a la hora de levantar el testamento. Eso nos causó mucho dolor», recuerda Belén.

El duelo en el caso de un familiar que ha fallecido progresa, pero en los casos de desaparición se queda atascado. Las familias se agarran a una cierta esperanza. Por eso, desde la fundación y también las familias, piden la existencia de un departamento de información para ellas donde también se les dé un apoyo psicológico.

El mismo día que se celebraba en el Senado el acto, en el Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska presentó el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024). El objetivo, según Interior, es incrementar las capacidades de prevención e investigación de las FCSE y «seguir mejorando los protocolos de actuación para ofrecer una respuesta eficaz a las desapariciones».

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) es una unidad del Ministerio del Interior cuyo cometido es el desarrollo de herramientas y procedimientos para contribuir a mejorar la investigación de las FCSE en el ámbito de las desapariciones.

Desde el año 2018 está coordinando el sistema de personas desaparecidas y colabora en la difusión de avisos, alertas o peticiones de colaboración a la ciudadanía.

Desde su creación, gestiona el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PD y RH). Este sistema ha registrado desde su implantación en 2010 más de 219.000 denuncias de personas desaparecidas. Cuentan con una tasa del 95% de los casos, pero a 31 de diciembre siguen pendientes el esclarecimiento de 5.411 desapariciones.

El plan cuenta con una dotación presupuestaria de 2,2 millones de euros y presta especial atención a dos colectivos vulnerables: el de los menores tutelados, para determinar las causas de las reincidencias; y el de personas con algún deterioro cognitivo, con el fin de prevenir y elaborar planes de búsqueda específicos, en los que se cuente con más medidas tecnológicas para la prevención, investigación y resolución de casos.