El tribunal condena a Urdangarín a seis años y tres meses de cárcel y a Torres a ocho años y seis meses

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Doña Cristina deberá abonar, sin embargo, una multa de 265.088 euros , al considerarla el tribunal responsable civil a título lucrativo de las irregularidades tributarias cometidas por su esposo. El tribunal ha absuelto también a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro , que deberá abonar una sanción de 344.934 euros. La sentencia, que ha sido adoptada por unanimidad, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Tanto en el caso de la Infanta como en el de Tejeiro, ambas responderán «conjunta y solidariamente» con las cantidades citadas en relación a la responsabilidad civil de sus respectivos maridos en esta causa.

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Los dos principales acusados en esta causa eran Urdangarín y Torres, impulsores ambos del Instituto Nóos y de varias empresas vinculadas al mismo. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 19,5 años de prisión para Urdangarín y 16,5 años para Torres , como presuntos autores de los delitos de prevaricación, fraude, malversación, contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa y blanqueo de capitales.

Urdangarín ha sido condenado finalmente por prevaricación —en concurso con falsedad y malversación—, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública . En cuanto a Torres, ha sido condenado por prevaricación, fraude —en concurso con falsedad y malversación—, tráfico de influencias, un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo.

El marido de Doña Cristina deberá abonar, además, 512.553 euros de multa, mientras que Torres deberá pagar 1.723.843 euros en el mismo sentido. En ese contexto, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha pedido una vista de medidas cautelares para Urdangarín y Torres tras su condena. Según ha podido saber ABC, Horrach pedirá el ingreso inmediato en prisión de ambos ante el riesgo de fuga. «La gravedad de las penas ya implica riesgo, por lo tanto creo que deben adoptarse las medidas necesarias para minimizar este riesgo», ha expresado.

En relación a Doña Cristina, sólo había sido acusada por Manos Limpias, que había solicitado ocho años de cárcel para ella. El Ministerio Público y el resto de acusasiones siempre defendieron, en cambio, que la Infanta nunca debería haberse sentado en el banquillo de los acusados, al no haber cometido ningún delito. En cualquier caso, cabe recordar que en diciembre de 2014 Doña Cristina había abonado los 587.000 euros solicitados en su momento por el Ministerio Público para cubrir la presunta responsabilidad civil en este proceso.

El juicio del caso Nóos , que es una pieza separada del caso Palma Arena, se inició el 11 de enero del pasado año y finalizó cinco meses después, el 22 de junio. En total, se sentaron finalmente en el banquillo 17 personas, después de que en la primera jornada de la vista oral Manos Limpias hubiera decidido retirar su acusación contra el antiguo asesor fiscal del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro . Del total de acusados, han sido condenados finalmente siete y han sido absueltos los 10 restantes.

En esta causa se intentaba dirimir, esencialmente, si hubo presuntas irregularidades en los convenios firmados por Nóos con diversas entidades públicas, si las sociedades que conformaban el grupo Nóos habrían realizado los trabajos por los que fueron contratadas y si la facturación utilizada o las condiciones laborales de los empleados fueron conformes a la ley.

La mayor parte de las sesiones del juicio trataron sobre los convenios firmados por el Instituto Nóos con organismos de la Generalitat Valenciana y del Gobierno balear para la organización de los Valencia Summit —entre 2004 y 2006— y los Illes Balears Fórum, en 2005 y 2006. Por los tres foros de Valencia, Nóos percibió en total unos 3,5 millones de euros , mientras que por los dos eventos celebrados en Baleares cobró unos 2,3 millones de euros .

La sentencia de este caso debería haberse dictado, en principio, el pasado mes de diciembre, pero la presidenta del tribunal, Samantha Romero , solicitó en noviembre una prórroga de tres meses para poder seguir trabajando en exclusiva en la redacción del fallo. La Audiencia Provincial accedió a dicha petición y había ampliado el plazo hasta el 31 de marzo de este año.