Registran un despacho de abogados en la localidad guipuzcoana de Oiartzun por su posible relación con ETA

El Movimiento pro Amnistía ha confirmado en un comunicado que Joseba Agudo no ha sido detenido y que trabaja en el citado despacho, que ha sido registrado en una operación ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska.

El registro ha comenzado poco antes de las 10:30 horas en una de las oficinas del edificio Mamut de Oiartzun, hasta donde se han desplazado una decena de vehículos todoterreno, una furgoneta y varios coches camuflados de la Guardia Civil.

Agentes de paisano y uniformados, acompañados de perros, han accedido al inmueble donde está ubicado este despacho, en cuyo interior se encontraba otro abogado en el momento en que ha comenzado el registro, según ha precisado el Movimiento pro Amnistía.

La inspección de esta oficina se ha prolongado hasta pasadas las 17:00 horas, cuando la secretaria judicial y los agentes que han participado en la operación han abandonado el lugar, tras intervenir distinto material, que ha sido introducido en los vehículos policiales.

Joseba Agudo, que ha actuado también en los últimos años como portavoz de la agrupación de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, fue el encargado de hacer público un comunicado el 5 de enero de 2007 para celebrar un acto en el Velódromo de Anoeta, que fue prohibido por la Audiencia Nacional. También representó en 2006 a seis personas detenidas en México acusadas de vinculación con ETA y pidió que no fueran extraditadas a España.

El nombre de Agudo aparece citado en al menos dos autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la causa en la que decretó la ilicitud de Gestoras pro Amnistía y en la que investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas".

En la primera de ellas, y en una resolución dictada el 29 de octubre de 2002 en la que procesó a 24 miembros de Gestoras por integración en ETA, el juez aludía a un viaje realizado el año anterior por Agudo a Cabo Verde para ver las posibilidades de constituir una empresa que ayudara al sostenimiento económico de varios etarras establecidos en el país africano.

Garzón cita el documento "Z2 DOC2", que "constituye un informe sobre un viaje a Cabo Verde realizado en el mes de junio de 2001, presumiblemente por parte del letrado Joseba Agudo, con el objeto de recabar datos y establecer contactos en relación con la constitución en dicho país de una empresa dedicada a labores de pesquería y destinada al sostenimiento de los militantes de ETA allí ubicados".

En el otro auto, notificado el 26 de agosto de 2002 en el sumario 35/02, el magistrado enmarca la actuación de Agudo en la estrategia de apoyos de HB-EH-Batasuna "a militantes de ETA huidos de la acción de la Justicia", a los que se prestaba "apoyo político y logístico" a través del área de relaciones internacionales de la formación abertzale.

Así, Garzón refiere que el 27 de octubre de 2001 Batasuna, a través de Jone Goirizelaia, y Gestoras, a través de Agudo, exigieron al Gobierno mexicano "que cumpla su propia legislación y deje vivir en México a los militantes de ETA que residen en ese país".