Prisión incondicional para Jordi Pujol Ferrusola por ocultar 29,9 millones de euros a la Justicia

El Ministerio Público ha pedido esta medida cautelar -la más restrictiva de todas, que busca evitar que Pujol Ferrusola entorpezca la investigación- 31 meses después de que el primogénito del expresidente de la Generalitat declarara por primera vez como imputado en la Audiencia Nacional, el 15 de septiembre de 2014, una cita en la que no solicitó ninguna medida cautelar. Así han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio a Pujol Ferrusola.

El acusado, que ha declarado ante el juez José de la Mata desde pasadas las doce del mediodía de este martes, tenía restringidos sus movimientos desde el 13 de febrero de 2016, cuando declaró por segunda vez en la Audiencia Nacional por esta investigación. Aquel día el juez acordó, a petición de la Fiscalía, retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, una medida que le impide viajar a países como Andorra o México, desde los que ha movido cantidades de dinero según los investigadores.

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional han concluido que Pujol Ferrusola, conocido como «Junior», ha puesto en marcha diversas operativas para despatrimonializarse y evitar pagar las posibles multas que la Justicia pueda imponerle en la investigación judicial que indaga en la fortuna sospechosa de la familia Pujol, de la que él actuó como el recaudador y repartidor del dinero. Pujol Ferrusola ya declara ante el juez dentro de la sede de la Audiencia Nacional.

El informe de los investigadores cifra en 29,9 millones de euros los fondos que Pujol Ferrusola ha tratado de colocar lejos del alcance de la Justicia. Según la Udef, 9,45 millones de euros procederían de negocios jurídicos ficticios como donaciones o préstamos, «inexistentes en el fondo», cuyo único objetivo sería alzar los bienes. Además, 12,31 millones de euros se encontrarían en inversiones en el extranjero, no repatriadas a España y compartidas con socios, «gran parte de los mismos conexos con operativas de blanqueo de capitales», explica el informe, que añade otros 8,14 millones de plusvalías latentes.

Los investigadores aseguran que Pujol Ferrusola y su exmujer Mercedes Gironés han llevado a cabo para ello «una estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España». Esta sospecha es la que ha llevado a «Junior» por tercera vez ante el juez por esta investigación . En febrero de 2016, Pujol Ferrusola se apuntó a la tesis de la familia y explicó los fondos ocultos en Andorra como un legado del abuelo Florenci , una explicación de la que no se fía el magistrado José de la Mata. Aquel día, Pujol Ferrusola declaró por petición propia y tuvo que entregar el pasaporte; tiene además prohibido salir de España.

Los agentes investigadores explican en esos informes otros «mecanismos espurios» de Pujol Ferrusola y su exmujer para «sustraer capitales de la acción de la justicia ocurridos además desde que comenzó el procedimiento judicial» que ya se plasmaron en otros momentos de la investigación. Uno de los indicios que hizo saltar las alarmas fue que en 2013, solo unos meses después de que arrancase la investigación a «Junior» con la confesión de su exnovia, cuatro de sus empresas declararán ingresos «nulos».

El magistrado ha dejado claro en numerosas ocasiones que no se cree la versión familiar , que justifica los fondos como un legado del abuelo Florenci pero no ha aportado ningún documento que lo acredite. Los investigadores sospechan que el primogénito recaudó comisiones, al menos 11,5 millones de euros, de empresarios ligados a la contratación pública en Cataluña, gracias a la influencia de su apellido. Las contrapartidas políticas de estas supuestas comisiones no se han acreditado en la investigación, y diversos empresarios han explicado que «Junior» les prestó servicios reales de intermediación en negocios.

En esta causa han declarado como imputados todos los miembros del clan Pujol : el matrimonio -Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola- y los siete hijos: Jordi, Josep, Pere, Marta, Mireia, Oriol y Oleguer. Todos han aportado la misma explicación y han señalado que el hijo primogénito era el encargado de repartir el supuesto legado, mediante entregas en efectivo y transferencias bancarias, en cuentas en Andorra. Ninguno, sin embargo, ha aportado ningún documento que pruebe esta versión, según el magistrado.