Puigdemont aprieta a ERC y a Torrent para forzar un «fraude de ley» y ser investido antes del 14 de mayo

Pujol se refirió así a la Ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, aprobada el viernes en el Parlamento catalán, gracias a la mayoría de los votos de JpC, ERC y la CUP. Y que el Gobierno de España ya ha pedido al Consejo de Estado el informe preceptivo para impugnarla ante el Tribunal Constitucional.

Si se paraliza la aplicación de la norma –que permite que un candidato a la presidencia de la Generalitat sea investido a distancia, sin necesidad de estar presente en el hemiciclo– JpC tiene preparado un nuevo plan B. «Si no es posible la investidura de Puigdemont, de acuerdo con la nueva escena política con la aprobación de la ley ayer (por el viernes), tendríamos que valorar la investidura de Jordi Sànchez, que es una investidura que hemos defendido ya. Y si esa posibilidad tampoco se puede concretar, tendríamos que abrir la puerta a una nueva alternativa», adelantó Pujol, que por primera vez dejó abierta la posibilidad de que fuera candidato otro diputado de la treintena que forman JpC, pero sin causas judiciales pendientes .

La de ayer es la segunda reunión con este formato en la capital alemana, donde reside Puigdemont mientras la Justicia alemana estudia la petición de extradición a España, tras la que ya mantuvo con sus diputados el pasado 18 de abril. Pujol insistió que en ambas reuniones la unanimidad ha sido absoluta en las filas del grupo parlamentario: « No hemos jugado a especular con nombres que aparecen en la prensa, por muy divertido que pudiera parecer, y todo el grupo parlamentario tiene muy claro que tenemos un presidente y que no queremos que se repitan las elecciones».

Pujol repitió sus manifestaciones de esperanza de que esta situación termine en una mesa de diálogo con el Estado español y la creación de una comisión de superación del artículo 155, pero añadió a anteriores comentarios el planteamiento de una amenaza al anunciar «la creación de una comisión de investigación en el ámbito parlamentario para analizar la aplicación del 155, un artículo que ha anulado el control parlamentario, sagrado en una democracia». Esta comisión de investigación comenzaría de inmediato a recabar pruebas sobre «todas aquellas personas y todas aquellas decisiones que hayan tenido efecto o incidencia directa en la vida de los ciudadanos de Cataluña».

Con el anuncio de ayer, que no figuraba en ninguna de las quinielas que pululaban por los corrillos políticos de Barcelona de los últimos días, se abre un escenario de máxima tensión para los próximos 16 días, hasta el 22 de mayo próximo, fecha límite para tener un presidente autonómico electo si se quieren evitar unas nuevas elecciones.

El lunes, 7 de mayo, se reunirá la Mesa del Parlamento catalán y, si la ley de la presidencia ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) –que ahora está en manos del Gobierno por la aplicación del artículo 155 de la Constitución–, la ley de la presidencia entrará en vigor , y Roger Torrent (ERC), presidente parlamentario, ya podría fijar la fecha del pleno de investidura de Puigdemont.

Mientras tanto, la presión sobre los líderes de ERC, que en privado y cada vez más, aunque bajito, en público, empiezan a decir que la opción de Puigdemont no tiene recorrido, será máxima. Ayer, la entidad más potente del secesionismo civil, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) dio a conocer los resultados de una consulta interna –celebrada vía internet el jueves y el viernes– que no deja dudas de sus preferencias: el 81,3% de los socios quiere que JpC, ERC y la CUP invistan a Puigdemont, con todas las consencuencias. Eso sí, la ANC, por primera vez, ayer, como también dijo Pujol (JpC), abrió la puerta a que se forme «un gobierno alternativo» sin Puigdemont de presidente. Todo, menos acudir a unas nuevas elecciones.