Proteger un barco con seguridad privada costaría más 72.000 euros al mes

Según precisaron, ese es el precio que una empresa armadora debería invertir sólo en pagar los servicios de los agentes dado que un barco de unos 40 metros de eslora como los que conforman la flota española necesitaría como mínimo seis agentes para proteger la embarcación (tres en cada bando) . En ese sentido, matizó que el salario que reciben cada uno de estos agentes por la prestación de estos servicios asciende a 12.000 euros al mes.

Generalmente, tras un mes embarcados, los agentes de seguridad precisan una semana de descanso que suelen disfrutar en tierra firme en el país más cercano por lo que, al invertir en seguridad privada, las empresas también deben contar con gastos de hoteles y alojamiento, precisan desde ASES al tiempo que afirman que uno de los gastos más bajos son los derivados del material armamentístico ya que los equipos son fácilmente amortizables. "Un arma te cuesta entre 500 y 1000 euros y luego te dura 50 años", explicó el presidente de ASES, Vicente de la Cruz.

En cuanto a los contratos, De la Cruz precisó que, de momento, los armadores han sido reticentes a firmar acuerdos con empresas de seguridad privada, ni siquiera después del secuestro del 'Alakrana' la pasada semana ya que, de momento, los atuneros pretenden que sea la Armada quien preste esa protección contra los piratas.

Según la impresión del presidente de ASES, esa seguirá siendo la postura de los armadores al menos hasta el final de la actual temporada de pesca que finaliza en noviembre , aunque no descartó la posibilidad de que en las próximas semanas se materialicen contratos entre los atuneros y las empresas de seguridad que en la actualidad prestan estos servicios, algunas de las cuales ya se encuentran en conversaciones con los armadores.

Por su parte, desde ASES inciden en que "la seguridad no debe ser considerada como un coste sino como una inversión" y recordó que los 500 currículum que maneja esta asociación corresponden a personal cualificado, algunos de ellos procedentes de Infantería de Marina. En el momento en el que se firmen los contratos corresponderá a ASES la selección del personal, según añadió De la Cruz.

El presidente de la asociación insistió en que este tipo de seguridad privada en los barcos es legal al considerar a los atuneros territorio español así como el uso de armas a bordo que van desde las cortas como pistolas y revólveres a las largas como escopetas y carabinas. En ese sentido, De la Cruz recordó que ya se ha dado un precedente y citó el caso de un cablero de características similares a los barcos pesqueros que fue protegido por un equipo de 14 agentes tras alcanzar un acuerdo con la empresa Eulen.

El Ministerio del Interior autoriza desde el pasado mes de septiembre a los barcos españoles que navegan en aguas somalíes la posibilidad de embarcar entre sus tripulaciones a agentes de seguridad privada a los que se les permite incluso el empleo de armas rayadas de repetición para combatir los ataques piratas, informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

Ante la negativa del Ministerio de Defensa a embarcar militares en la flota atunera, las empresas armadoras solicitaron a Interior la posibilidad de protegerse con seguridad privada, petición a la que accedió este Ministerio antes de verano. Sin embargo, dado que la situación de inseguridad en aguas del cuerno de Africa no se solucionó durante el periodo estival, estas empresas se dirigieron de nuevo a Rubalcaba para solicitar un incremento de las medidas de seguridad.

Según las mismas fuentes, el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba respondió a estas nuevas demandas el pasado mes de septiembre cuando autorizó a estos barcos pesqueros a embarcar a agentes de seguridad privada con permiso para el uso de armas rayadas de repetición o rifles semiautomáticos para repeler posibles ataques de corsarios. La actual legislación contempla estas medidas cuando se dan situaciones especiales de inseguridad como la que se vive en el Océano Indico.

No obstante, para poder portar este tipo de material se deben cumplir una serie de requisitos. El primero es que las armas tan sólo pueden utilizarse como método de defensa. Asimismo, las empresas armadoras deben cumplir una serie de requisitos técnicos como es la habilitación de las embarcaciones con armeros adecuados para el almacenamientos de estas armas, cumplir con las medidas de seguridad exigidas o la contratación de personal cualificado, entre otros.

El Ministerio del Interior es competente para decidir sobre este tipo de medidas dado que los barcos españoles que faenan en esas aguas son considerados territorio nacional y, al igual que las empresas que operan en tierra firme, precisan del permiso del Gobierno a la hora de recurrir a este tipo de seguridad.

Estas medidas se dieron a conocer el pasado 15 de septiembre tras la reunión que mantuvieron en Vitoria la consejera vasca de Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, y el secretario de Estado para la Defensa, Constantino Méndez, en la que abordaron las crecientes demandas de los armadores para incrementar la seguridad de los atuneros en esta zona.

Las medidas destinadas a incrementar la seguridad de los atuneros dentro de la «Operación Atalanta» puesta en marcha por diversos países miembro de la Unión Europea vendrán acompañadas de ayudas económicas --está aún por decidir su cuantía-- para incentivar a los armadores en su autoprotección. Según explicó la consejera vasca, se ha acordado "estudiar la habilitación de una línea de ayudas económicas por parte de ambas administraciones con el objetivo de incentivar que los buques atuneros incorporen medidas de autoprotección".