Los secesionistas pasan una nueva factura a Sánchez: una ley de amnistía generalizada para ellos

La mayoría de la investidura cojea por distintas causas pero todos los socios parlamentarios de Pedro Sánchez coinciden en que al PSOE le ha llegado el momento de pagar el grueso de la factura al independentismo catalán.

En este contexto, ERC registró ayer en el Congreso una proposición de ley de amnistía junto a Junts, PDeCAT y la CUP para «hacer borrón y cuenta nueva», en palabras de la diputada republicana Montse Bassa , de lo que sucedió el 1-O. Si el texto se aprobara, libraría de ajustes con la ley no solo a los condenados sino a todos los fugados que aún no han sido juzgados, a aquellos con procesos pendientes por cualquier tipo de «persecución delictiva». En total, la cifra de amnistiados superaría los 3.000 y sería el «primer paso» para encauzar el conflicto catalán.

Los portavoces secesionistas presentaron la ley en el Congreso, primero en catalán y luego en castellano, desplegando su habitual lenguaje victimista para defender un texto plenamente inconstitucional que probablemente no logre ni la calificación de la Mesa del Congreso . Se refirieron una y otra vez a la existencia de «presos políticos» e incluso de «persecución a la disidencia».

Bassa advirtió a los socialistas de que rechazar esta ley será «mantener la injusticia y la venganza» además de «querer negociar rehenes». «Si de verdad cree que la represión fue un error, debería aprobar la ley de amnistía y devolver el conflicto al escenario político y demostrar verdaderamente que cree en una solución democrática», avisó. Por parte del PDeCAT, su portavoz Ferrán Bel , insistió en la idea de que la amnistía es «una solución política para un conflicto político» y la oportunidad para que todos los diputados reflexionen sobre «qué futuro quieren para Cataluña».

« Si alguien no está dispuesto a apoyarla debe explicar cuál es su propuesta alternativa », reclamó. Según la portavoz de Junts , Miriam Nogueras , esta ley es la «oferta» que el indepentismo hace al Ejecutivo de Sánchez. Tanto EH Bildu como el PNV brindarán su apoyo al texto. El portavoz vasco, Aitor Esteban , criticó al Gobierno porque «debería haber ido adelantando determinados deberes» y aseguró que «mientras no normalicemos la situación de los dirigentes catalanes se va a poder hacer muy poco en términos de acuerdos».

Pese a la presión que intentan ejercer sus socios, la portavoz socialista, Adriana Lastra , mantuvo ayer que no hay opción a que su grupo sopese siquiera el texto. La misma posición mantienen PP, Vox y Ciudadanos por lo que no hay opción a que la iniciativa prospere. Sin embargo, no hará lo mismo el otro socio de la coalición, Podemos, que anunció que sí dará cobertura a esta proposición de ley.

Reconociendo que aún no ha leído la propuesta y, en consecuencia desconoce si es constitucional, la diputada morada Aina Vidal subrayó que su grupo votará a favor o se abstendrá. «Creemos que todas las iniciativas en torno a la amnistía no son contradictorias sino que deben poder sumar y entenderse como complementarias», defendió. Vidal señaló que «entendemos el espíritu» de la ley presentada» y explicó que el sentido de su voto se cerrará cuando estudien y analicen «la literalidad» del texto.

Los socialistas, no obstante, tuvieron un buen gesto con los independentistas unas horas después al votar a favor de la toma en consideración de la reforma de la ley de mecenazgo impulsada por el PDeCAT . Un texto que recoge que las comunidades «podrán ampliar la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en su comunidad» así como elevar los porcentajes y los límites de las mismas.

Esta redacción supone, en la práctica, un recorte de las competencias del Estado en este ámbito pero, sobre todo, abre la puerta a que los gobiernos autonómicos decidan qué entidades pueden beneficiarse de esta financiación. La portavoz del PP, Cuca Gamarra , anunció el voto en contra de su grupo alertando de que la Generalitat podría utilizar la reforma para elevar las vías de ingresos de los colectivos independentistas, pero PSOE, Vox, Podemos o Cs anunciaron su voto a favor, primando que la reforma prevé deducciones para los contribuyentes.