Los periodistas procesados en el caso Dina piden el archivo ante el boicot de Iglesias a la investigación

El escrito, al que tuvo acceso ABC, trae cuenta de la negativa del juez Manuel García Castellón de archivar las diligencias contra ellos y su decisión de acordar que ambos fuesen procesados por un presunto delito de revelación de secretos junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Esa decisión se adoptó en octubre del año pasado y tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones y defensas recurrieron, pero la Sala de lo Penal aún no se ha pronunciado. Este recurso se suma así a los ya pendientes.

En el caso de Pozas y Rendueles se les atribuye haber entregado al polémico mando policial un pendrive con información procedente de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham que de forma anónima había llegado a la revista Interviú y cuyo contenido nunca llegó a publicarse. Desde el inicio, ambos han declarado que Villarejo, que estaba en activo, les solicitó aquella información en calidad de mando policial, en forma de requerimiento verbal y porque tenía investigaciones sobre Podemos entre manos.

Su recurso retoma esta tesis apoyándose en la conclusión al respecto que extrajo la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando el juez García Castellón le pidió imputar a Pablo Iglesias. En una resolución en la que mandaba de vuelta el asunto a la Audiencia Nacional en espera de que se recabasen más indicios, situaba al comisario como «instigador de revelación y ulterior descubridor» del material sensible de Bousselham, lo que lleva a sus defensas a incidir en que hubo un requerimiento y por tanto la suya no fue una conducta delictiva.

Pero el grueso de la alegación se apoya en el modo en el que Iglesias ha actuado en este asunto, pues mientras ejerce la acusación contra ellos, está siendo investigado colateralmente ante indicios de un posible delito de daños informáticos en la tarjeta de Bousselham y fue señalado además por revelación de secretos y denuncia falsa en la exposición razonada del instructor.

«Resulta jurídica y moralmente insostenible que pueda mantenerse una acusación legítima por parte de quien resulta indiciariamente responsable de tratar de simular falsamente hechos inexistentes», dice el recurso citando la mencionada exposición razonada.

Para los periodistas, es «palmario que quienes pretenden atribuirse la condición de perjudicados y, en tal condición están reclamando una condena, han 'escamoteado' las pruebas necesarias, tanto materiales (la tarjeta) como personales (sus propias declaraciones), para que pueda ser atendida su pretensión».

En cuanto a las pruebas materiales, argumentan que la actuación de Iglesias «ha obstaculizado, e incluso impedido, la averiguación de lo realmente ocurrido» con la tarjeta, que es el «elemento material nuclear del delito» que se imputa a ambos.

Lo sitúa ya desde el inicio, cuando tuvo acceso al dispositivo de manos del presidente de Zeta Antonio Asensio y no le dijo que procedía de un móvil robado pero también al guardarla y devolverla, en teoría, sin que funcione, pues ya no se puede averiguar cuál era realmente su contenido ni si coincide con el que los periodistas dieron a Villarejo o siquiera con el que él almacenaba.

«Todo ello no es que no se haya podido averiguar porque los investigados hayan tratado de ocultar información o de obstaculizar la investigación. Todo lo contrario. Todo ello no se ha podido averiguar única y exclusivamente por la actuación de los perjudicados y, concretamente, por la actuación del Sr. Iglesias dañando la tarjeta que recibió del Sr. Asensio», dice el recurso que firma el letrado Sergi Mercé.

Por otro lado, en cuanto a las declaraciones, remiten de nuevo a la razonada, que sintetiza el parecer del juez sobre las contradicciones en que ha estado incurriendo Bousselham a lo largo de la investigación: «No se plantea la posibilidad de que la Sra. Bousselham faltara a la verdad, sino que se concluye contundente y reiteradamente que faltó a la verdad en sus declaraciones prestadas en sede judicial».  

Para ambos, «resulta absolutamente incongruente e incompatible mantener la imputación cuando uno de los perjudicados habría impedido, con la delictiva actuación que se le atribuye en la exposición razonada, seguir diversas líneas de investigación y ha dinamitado, en definitiva, la averiguación de lo realmente ocurrido».