2. PELOTAZO URBANÍSTICO

Concurso «a la carta»

Fernando Mellet al empresario: «Si la ciudadanía de a pie supiera todas estas cosas, la realidad política de todos los partidos, de cómo se mueven, habría un golpe de estado ciudadano»

ABC

JUAN JOSÉ BORRERO, EDUARDO BARBA Y ALBERTO GARCÍA REYES

13/02/2011
Actualizado a las 01:33h.

La juez Alaya, cuya perseverancia ha posibilitado ir descubriendo las variantes del caso, no se quedó en la trascripción de la cinta. A partir de la misma pidió un listado de las subvenciones recibidas por la Fundación Mercasevilla, que igualmente gestionaba Mellet. Así, descubrió que ... ese organismo autónomo había recibido «donaciones» de diferentes empresas, destacando una de 250.000 euros aportadas por la constructora Sando. Ante este hecho, abrió una segunda vía de investigación, centrada en la presunta venta fraudulenta mediante concurso de suelo público del mercado —resuelto en enero de 2006— a una constructora Sanma, filial de Sando, cuya oferta era 50 millones de euros inferior a la que ofrecía la segunda concursante. Noga, del grupo inmobiliario Osuna. Sobre el tapete, una de las mayores operaciones urbanísticas de la historia de la ciudad presuntamente amañada y con condiciones a la medida de la ganadora.

Cargos en urbanismo

Para esta rama del caso fue fundamental la declaración del empresario Antonio Pardal, propietario de la constructora Larena 98, que denunció ante la Policía, y luego en el propio Juzgado, una maquinación de Mercasevilla para alterar el precio de las cosas y favorecer a Sando en el concurso. Larena 98 colocó en el escenario las presiones de Mercasevilla (Ayuntamiento) para que saliese del mercado y cediese su derecho de superficie. Esta compañía aludió a los ofrecimientos del entonces gerente de Urbanismo (adjudicaciones de VPO en concursos), del ex asesor del alcalde Enrique Castaño (servicios de mantenimiento de la vía pública) o de Javier Guerrero, el director general de Trabajo de la Junta, que sale por primera vez a la palestra por haber ofrecido a Pardal, presuntamente, la instalación de una ITV en suelo de la lonja. La relación de Guerrero con los responsables de Merca fue, como luego se comprobó, muy frecuente. También quedó dibujada la figura de Castaño, que vivió y creció a la sombra de Alfredo Sánchez Monteseirín y que en poco tiempo pasó a copar cargos en Urbanismo y en Mercasevilla; desde esa privilegiada posición, según los investigadores, pilotó la operación para luego, culminada la venta, ser contratado por una empresa del ámbito del grupo Sando.

Larena 98 resaltó que fue Mercasevilla la que «le presentó» a Sanma, cuyo abono de 1,1 millones de euros permitió el acuerdo entre las partes, la subrogación del derecho de superficie y evitar que aquel asunto llegara a juicio. Después se comprobó la importancia del litigio inicial al resultar Sanma adjudicataria de todos los terrenos. El concurso se celebró sólo cinco meses después. Ese derecho previo fue una de las cuestiones que decantó la balanza a favor de Sanma, ya que se incluyó una cláusula primando su valoración, como otra de penalización de ofertas temerarias «al alza», poco usual y que sirvió para eliminar a Noga. Por estas dos estipulaciones la juez considera el concurso «fraudulento». Alaya ve fundamental la participación de José Antonio Ripollés, Victoria Bustamante, Emilia Barrial y Pilar Giraldo, además del asesor jurídico de la lonja, Jorge Piñero. También están imputados, además de Mellet y Ponce, los responsables de Sando y Sanma, así como Marchena y el propio Castaño.