La Memoria Histórica de Sánchez, suspenso en transparencia

Menos publicidad recibe, sin embargo, la gestión que el Gobierno ha hecho de un tema tan sensible como el de la Memoria. Tanto que el Consejo de Transparencia, organismo creado para obligar a las instituciones públicas a no ocultar información a la ciudadanía, exigió sin éxito hasta en dos ocasiones a la Dirección General que cumpliera con la normativa y facilitara a la Plataforma Patriótica Millán Astray los datos que le solicitó a través de los mecanismos de Transparencia.

La petición de información de la asociación, a la que ha tenido acceso ABC, se articulaba en torno a siete apartados y fue presentada el pasado 8 de febrero. Con ella, la plataforma intentó recabar información sobre la actividad de la recién creada Dirección General de Memoria Histórica , un derecho que tiene cualquier ciudadano, y al que sus miembros decidieron recurrir en medio de una campaña para eliminar al fundador de la Legión -que da nombre a la plataforma- del callejero y también después de que el senador Carles Mulet (Compromís) les señalara como una organización a extinguir.

Así, la Plataforma preguntó al Ministerio a través del Portal de Transparencia por todos los cargos de confianza contratados en la Dirección General de Memoria Histórica y sus respectivos sueldos; por los viajes, dietas y eventos a los que asistieron sus dirigentes; las oficinas y despachos, vehículos, teléfonos móviles y demás bienes materiales otorgados a este organismo; las subvenciones concedidas y las asociaciones beneficiarias; o las copias de todos los requerimientos enviados a más de 600 ayuntamientos a los que se les exigió modificar su callejero.

Venció el plazo de un mes que existe en estos casos y el Ministerio no respondió. El reclamante de la información dejó otro mes de margen y, como seguía sin haber contestación, ejerció su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia el 11 de abril. A partir de ese momento volvió a ponerse en marcha el reloj, porque el Consejo solicitó la información de manera oficial: Justicia tenía entonces otro mes de margen para remitir la información, tanto al Consejo como a la Plataforma. No hubo respuesta y el Consejo repitió el requerimiento. Es habitual que las Administraciones, cuando no les interesa ofrecer una información, recurran a la misma estrategia que el Ministerio en esta ocasión: no responder a la espera de que el interés de quien formula la reclamación desaparezca.

«Ante la falta de contestación por parte del mencionado departamento ministerial, con fecha 14 de mayo de 2019 se reitera el citado requerimiento, sin que hasta la fecha de la presente resolución haya presentado alegaciones al respecto a pesar de que consta en el expediente la notificación por comparecencia al requerimiento». Con esta frase insistió el Consejo de Transparencia: Justicia tenía que responder. Silencio, otra vez y el Consejo, el 4 de julio, dictó un ultimátum al Ministerio: tenía diez días para responder.

Y lo hizo. Pero la contestación no atiende en ningún caso a la minuciosidad solicitada por la Plataforma Millán Astray. El Ministerio responde con generalidades a respuestas muy concretas. Al ser cuestionada por los vehículos y despachos que la Dirección General tiene a su disposición, el departamento de Memoria Histórica contesta únicamente que « tiene su sede en el Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo, 45 » de Madrid. Otro ejemplo que retrata la opacidad con la que el departamento despacha las peticiones de información de este tipo es que únicamente envía un modelo de la carta con la que reclamaron a más de 600 municipios que eliminaran los vestigios franquistas de sus calles cuando el Consejo de Transparencia le obligó a reunirlas todas y enviárselas al reclamante.

Con este panorama, la plataforma volvió a registrar una reclamación ante el Consejo de Transparencia por la «información incompleta» recibida. Según ha podido saber ABC, el organismo ya ha remitido esta nueva petición a Justicia pero, viendo lo que ocurrió en anteriores ocasiones, con el mes de agosto por delante y con el Gobierno en funciones tras el pinchazo de Sánchez en la primera sesión de investidura, se antoja complicado que Justicia enmiende la plana y cumpla con la ley de Transparencia.