Más de cien detenidos en Tenerife por blanquear diez millones de euros en un año para la mafia italiana

Además de lavar dinero de la mafia, los acusados se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas. Su especialidad era el fraude informático .

Las investigaciones comenzaron en junio de 2020, cuando la Policía detectó Tenerife a un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido . La organización tenía un alto grado de tecnificación, lo que le permitía abarcar distintas modalidades de fraude informático: phishing, smishing, vishing, sim swapping, fraude del CEO y hackeos a empresas comerciales.

Todo ello, claro, reportaba a la organización cantidades enormes de ingresos, en concreto más de diez millones de euros en un solo año de investigación. Ese dinero, una vez recibido en cuentas bancarias controladas por estos individuos, era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reenviado a las organizaciones mafiosas. Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias .

La organización criminal tenía estructura piramidal, con una cúpula bien definida que daba las órdenes y repartía roles. Así, este primer escalón dirigía toda una red de captadores y de cientos de intermediarios financieros, conocidos como «mulas», que, aunque se posicionaban en la base del grupo eran un indispensable eslabón en el complejo engranaje del blanqueo de capitales.

Este grupo de criminales había conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos de la sociedad: entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias, entre otros. Este nivel de asentamiento no solo le proporcionó a la organización impunidad para el blanqueo de capitales, sino también para las diferentes actividades criminales propias de estos grupos mafiosos llevadas a cabo en España.

Las investigaciones policiales permitieron descubrir, entre estas actividades criminales, la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa , usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con violencia, lesiones y hasta la implicación de varios de sus miembros en dos homicidios llevados a cabo en la isla.

La cantidad de dinero que obtenían era tan elevada que manejaban cientos de cuentas bancarias que abrían y cerraban continuamente, llegando en una ocasión a secuestrar a una mujer y, tras amenazarla a punta de pistola , llevarla a un cajero automático para robarle todo el dinero y abrir de inmediato 50 cuentas bancarias online para la organización. Una vez detenidos, amenazaron a la víctima y su entorno para evitar que testificaran en su contra.

La extrema violencia de este grupo se traducía, además, en palizas, robos en establecimientos y extorsiones tanto a miembros de la organización que se apartaban de las normas internas como a otras personas o empresas tinerfeñas que, por miedo a represalias, no denunciaban, lo que les proporcionaba un importante grado de impunidad.

Las entradas y registros que realizaron los agentes aportaron datos que demostraron la implicación de los investigados en los numerosos delitos, incluido el tráfico de drogas, ya que se descubrió una plantación de marihuana compuesta por más de 400 plantas y un centro de procesado de la modalidad full melt o iceolator, consistente en el filtrado de las hojas de la marihuana junto con agua y hielo a fin de aumentar sus efectos, ya que resulta mucho más potente debido al incremento del principio activo THC.

Con esta operación se ha conseguido evitar un gran número de estafas ya preparadas, al haberse intervenido en un único registro más de 80 tarjetas de telefonía dispuestas para perpetrar delitos de sim swapping y vishing , y obtenido datos sobre numerosas víctimas de estafas. Para la mafia era tan importante este modo de financiación que mandaban desde Italia a miembros fugitivos de la justicia italiana para controlar sobre el terreno sus actividades de financiación y supervisar, así, la obtención y envío de dinero.

Dos de los detenidos tenían vigente s Órdenes Europeas de Detención por 20 años de prisión por tráfico de drogas, robos con violencia y robos con fuerza . Una vez asentados en España, continuaron viviendo gracias al delito, teniendo en vigor, igualmente, órdenes de detención emitidas por Juzgados de la localidad barcelonesa de Sabadell y de la tinerfeña de Arona por secuestro y robos con violencia.

También era habitual que un miembro de la cúpula mafiosa napolitana viajara a Tenerife para controlar las operaciones que se realizaban. Cada vez que esto ocurría, los investigados asentados en Canarias preparaban toda la cobertura y las medidas de seguridad para evitar la detección de esta persona en España , aunque las pesquisas policiales permitieron identificarle y detenerle en Italia a través de una Orden Europea de Detención. Las medidas de seguridad adoptadas por estos fugitivos, conocedores de su situación y de sus contactos, así como de la presión policial, hizo que la operación se adelantase, una vez que los agentes confirmaron que estaban en posesión de documentación falsa y que planeaban fugarse de España.

En estas condiciones se diseñó, planificó y coordinó el dispositivo policial, llevándose a cabo 18 entradas y registros y 106 detenciones. Para coordinar el amplio operativo policial se montó un centro único de mando en Santa Cruz de Tenerife , desde el que se dirigió las actuaciones en tres fases operativas. Además de policías nacionales, participaron miembros de Europol y de la Polizia di Stato italiana, estableciéndose un canal directo de comunicación con las autoridades judiciales y fiscales competentes de la localidad tinerfeña de Arona, de Bari (Italia), la Fiscalía de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática del Tribunal Supremo y la Fiscalía Especial Antidroga de Eurojust.