Más de 200 historiadores e investigadores firman el «Manifiesto por la Historia y la libertad»

El texto, que ya ha recabado más de 200 firmas de historiadores, investigadores, profesores y periodistas, denuncia el «historicidio» que a su juicio se perpetra a través de esta norma y defiende que «ninguna razón moral ni derecho subyacente puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron».

El manifiesto fue presentado ayer por los exministros Rafael Arias-Salgado y Marcelino Oreja, el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, el periodista y ensayista Tom Burns y el periodista Alfonso Ussía durante el acto «La defensa de nuestra Historia», organziado por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad.

«Con la implantación de una Comisión de la Verdad se amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única', la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España, insisten en el manifiesto.

«Pretenden instaurar una supuesta memoria llena de falsedades , y olvidan otras memorias que muchos hemos preferido guardar celosamente.Me cuesta comprender el empeño de quienes quieren avivar odios y rencores» aseguró el exministro Marcelino Oreja.

Joaquín Leguina manifestó que «no hay derecho a reabrir esa herida. Essa proposición no va a salir nunca, por el bien de todos, también del PSOE. La inmensa mayoría de los españoles quieren mirar hacia adelante». « La Historia es una cosa y la memoria es otra », concluyó Tom Burns.

«Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Dicha proposición de Ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu», denuncia el texto.

El manifiesto concluye con que «resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos».