Marlaska ordena retirar el borrador que prohíbe los tatuajes a la Guardia Civil

Marlaska, según han informado a Efe fuentes de Interior, ha pedido que se redacte otro texto por el necesario acuerdo mayoritario de las asociaciones de la Guardia Civil .

Esas asociaciones han anunciado hoy su intención de recurrir a la vía judicial si no se retiraba el texto que les hizo llegar la Dirección General de la Guardia Civil.

La orden de «policía personal y aspecto físico» buscaba fomentar la imagen de neutralidad de los agentes a partir de una serie de normas sobre el aspecto físico y sobre su trato con la ciudadanía.

En uno de los asuntos que más debate ha generado, el de los tatuajes, prohibía que fueran visibles, de modo que los guardias tenían que taparlos o someterse a intervenciones para su eliminación en el plazo de tres meses.

También se regulaba que el personal con tatuajes registrara los mismos en una base de datos con las características , lugar del cuerpo donde se encontraba, incluso con la posibilidad de adjuntar fotografías del propio tatuaje o tatuajes.

En el apartado del aspecto físico, sus normas no solo prohibían los tatuajes , sino que afectaban al cabello, al bigote y a la barba, a las uñas, al maquillaje, a los accesorios, a los pendientes y a las perforaciones.

Entre otras cosas, el borrador no admitía que los agentes llevaran rastas , ni trasquilones, ni zonas de la cabeza rasuradas y otras con pelo, sino solo peinados cortos y clásicos en el caso de los hombres, y recogidos en el de las mujeres.

En él se impedía asimismo fumar a los agentes durante «la práctica totalidad del servicio» y prohibía llevar más de dos anillos y una pulsera.

La anterior dirección ya presentó un borrador que generó mucha polémica, por lo que la nueva convocó a las asociaciones a un grupo de trabajo.

Sin embargo, el borrador que les enseñaron ayer y que se pretendía aprobar es «incluso más restrictivo» que en versiones anteriores, denunciaron las asociaciones, que anunciaron que lo llevarían a la vía judicial para evitar que se afectaran los derechos fundamentales y libertades públicas de los guardias civiles.

Cinco asociaciones (AUGC, AEGC, Unión GC, ASESGC y APCGC) amenazaron con esa vía judicial tras la reunión de ayer, cuando se les anunció que mañana, día 5, se iba a someter la norma a una comisión normativa que le daría trámite, con lo que consideraron que estaba «todo el pescado vendido».