El laberinto judicial de Iglesias: el caso Dina, sospechas de malversación y la desconfianza de la Fiscalía

Mientras trascendía la noticia de que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid está estudiando la denuncia que el letrado interpuso ante la Guardia Civil por presunta malversación y administración desleal dentro del partido, la Fiscalía pedía el archivo de la querella presentada contra este abogado por la actual abogada de Podemos, Marta Flor, quien le imputaba delitos de acoso laboral y sexual.

El Ministerio Público no cree a la letrada que hoy representa a Dina Bousselham y cuya amistad con uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, ha motivado a su vez la apertura de diligencias de investigación contra el propio fiscal por posible revelación de secretos. El culebrón se está convirtiendo en una bomba de relojería para los socios de gobierno de Pedro Sánchez.

El primero de los asuntos judiciales y más comprometidos en estos momentos para Iglesias es el que afecta directamente a las finanzas de su partido y a él como responsable último del mismo . Tras ser despedido el pasado diciembre por alertar, según él, de posibles irregularidades en contrataciones y destino de «sobresueldos», Calvente fue directamente a denunciarlas a la Guardia Civil, molesto por que se hubiera «vestido» su despido de un acoso laboral y sexual (a Marta Flor) que él siempre negó.

La denuncia, remitida desde Cataluña, donde reside Calvente, ha recaído en un juzgado de Madrid al ser el lugar en el que sucedieron los hechos y, tras el parón por el estado de alarma, es ahora cuando en aras de ratificarla, el juez ha citado al letrado a declarar el próximo 29 de julio . Juan José Escalonilla ha citado como testigos a Mónica Carmona –abogada del partido que también fue despedida– y a Gloria Elizo, antigua responsable del equipo legal de Podemos y hoy vicepresidenta tercera del Congreso. Las dos tendrán que comparecer el 15 de septiembre.

Fuentes jurídicas señalaron a ABC que la denuncia de Calvente se vertebraba sobre tres pilares, todos ellos relacionados con episodios contables. El primero, en relación con el nuevo edificio de la formación de Iglesias, cuyas obras se adjudicaron vulnerando las normas internas de contratación y se adjudicaron por el doble del importe estimado. En concreto, los trabajos se anunciaron por 649.936,68 euros y se terminaron adjudicando por 1.361.055 euros sin que se haya aclarado el motivo del desfase.

La segunda irregularidad estaría relacionada con la contratación de una empresa para hacer seguimiento de la campaña de las municipales del pasado año. La empresa en cuestión, Neurona, a la que se vincula con Juan Carlos Monedero, habría recibido fondos del expresidente de Bolivia Evo Morales y de hecho está siendo investigada por el gobierno interino de aquel país.

La tercera pata de la denuncia está relacionada con una «caja de solidaridad» del partido , que escapa a cualquier control tributario. Las fuentes citadas explicaron que se trata de un fondo que se nutre con las donaciones de dirigentes y cuadros intermedios de la formación cuyo sueldo rebasa tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, un compromiso adquirido por Podemos, que supuestamente tendría que hacer llegar esos fondos a obras sociales. Sin embargo, no está claro el destino que se ha dado a los mismos, y eso es algo que, a juicio de la Guardia Civil, también debe investigar el juez, pues en la práctica se trataría de una «caja B».

En paralelo a la citación de Calvente, la Fiscalía de Madrid ha pedido a la juez que investiga el presunto acoso laboral y sexual del abogado a su compañera Marta Flor que archive esta querella al dar credibilidad a que el despido de Calvente no vino motivado por ese supuesto acoso. El letrado siempre ha mantenido que su purga se debió a los advertencias a la dirección del partido de que se estaban cometiendo diversas irregularidades y a que denunció la relación que Marta Flor mantenía con unos de los fiscales del caso Tándem.

En la querella, la letrada señalaba que tras haberse negado a mantener una relación de amistad con el querellado, este habría dejó sin contenido su labor profesional y le impidió acceder a los procedimientos judiciales del partido. En ese momento, Calvente era el coordinador del equipo legal de Podemos y supervisaba todos los trabajos.