El juzgado de Ceuta paraliza cautelarmente la repatriación de un grupo de menores

«Estimo la medida cautelar urgente interesada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y jóvenes y Fundación Raíces suspendiendo la actuación material dirigida a repatriar a los menores no acompañados que aún no han sido devueltos a Marruecos », dice la resolución, fechada este lunes y a la que tuvo acceso ABC.

Se trata en concreto de un grupo de nueve menores del total de doce a los que representan las letradas de ambas entidades y que iban a ser repatriados a Marruecos en cuestión de horas. La medida, de hecho, llega tarde para tres de ellos, que han cruzado en furgón esta mañana la frontera de El Tarajal, pero está vigente para el resto: la juez paraliza su proceso de entrega.

El auto, contra el que no cabe recurso, es un varapalo para las repatriaciones ordenadas por Interior porque a tenor de la información recogida tanto de la Policía Nacional en Ceuta como de la Fiscalía, considera «acreditado» que no se han cumplido las previsiones de la Ley de Extranjería.

« Ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores; considerando suficiente para adoptar tal medida el Acuerdo suscrito entre España y Marruecos sobre Cooperación en el Ámbito de la Prevención de la Emigración Ilegal de Menores No Acompañados, Su Protección y Su Retorno concertado, del 6 de marzo de 2007», expone.

Recuerda que una de las cláusulas de ese acuerdo es precisamente, que España debe acatar en el proceso sus propias previsiones legales y, en este sentido, «la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país , sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, cuando se trate de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país». « Situación que de forma evidente no concurre en el presente caso«, zanja.

Para el juez, existe «una actuación de facto por la Administración» que implica necesariamente tomar una decisión de urgencia. «Prueba de ello es que de los doce menores afectados, se tiene conocimiento a través de la información suministrada por la Policía Nacional y el Ministerio Fiscal que consta en el procedimiento, que se han expulsado a tres».

« La única decisión posible, es ordenar la suspensión de la actuación «de facto» adoptada por la Administración, dirigida a repatriar a los menores no acompañados referidos en la demanda, que aún no hubieran sido devueltos a Marruecos, quedando bajo la protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta», zanja.

La resolución abre ahora un plazo de tres días para que la Delegación del Gobierno y la Fiscalía aleguen lo que consideren conveniente respecto de mantener la suspensión de estas nueve repatriaciones o mantenerla en el tiempo.

Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces encabezan el grupo jurídico que a su vez respalda media docena de ONG entre las que se encuentra Save The Children y que vienen denunciando que las repatriaciones iniciadas el pasado viernes por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en virtud de un acuerdo de colaboración con Marruecos se están realizando sin el procedimiento individualizado y notificado que marca la ley.

Desde el pasado viernes, se vienen movilizando para poder llevar asistencia jurídica a los menores a fin de que cuenten con respaldo en caso de que quieran, como es su derecho, rechazar la repatriación y presentar alegaciones. Hasta este lunes en torno a 35 menores habrían designado abogado en este sentido , una decisión que se ha comunicado a todas las instituciones involucradas a fin de que notifiquen cada paso que den en relación a la situación de los afectados.

Es en nombre de esos niños y adolescentes como han solicitado al juzgado la cautelar para suspender la repatriación pero no siempre con éxito. Este domingo hicieron lo propio con otra serie de menores que iban a viajar a Marruecos en un convoy de 15, pero la respuesta del juzgado de guardia se produjo cuando las expulsiones ya se habían materializado sin que en ningún momento, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, los letrados designados recibiesen notificación alguna.

Esta falta de acceso a la tutela judicial efectiva es lo que más escandaliza a las ONG junto al hecho de que, aseguran, en ninguno de los casos se ha seguido el procedimiento previsto en la ley y que implica un estudio pormenorizado de la situación del menor, donde la Fiscalía tiene que informar y él, ser oído. Nada de esto se estaría produciendo en el caso de Ceuta, tal y como denuncian las entidades y ahora respalda en el auto el juzgado de guardia.

Se suma, además, la falta de transparencia. Según explican diversas fuentes sobre el terreno en Ceuta, los letrados, como las ONG, tienen pistas de los nombres que van en los listados de las repatriaciones por fuentes extraoficiales, sin que ni los propios menores sepan si serán ellos los que saldrán al día siguiente , como tampoco sus abogados. En el caso de los nueve que de momento, no serán enviados a Marruecos por orden del juzgado, la previsión es que fuesen repatriados este martes aunque formalmente, de ello, no había constancia alguna.

En paralelo, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado un recurso en la vía contenciosa de la Audiencia Nacional y bajo alegación de una vulneración de derechos fundamentales que solicita de igual modo la paralización cautelarísima pero de todas las repatriaciones, en espera de que se aporten los expedientes y se esclarezca si el proceso se ajusta o no a derecho.

El recurso, al que tuvo acceso ABC, se encuentra pendiente de admisión a trámite y parte de que «no consta» que los derechos de los menores «se hayan respetado» pues si la propia Fiscalía ha tenido que reclamar los expedientes, es porque no ha formado parte de ellos en los términos que marca la ley. Alega que concurren razones de urgencia por lo irrevocable de la repatriación y pide a la Audiencia Nacional que paralice el proceso para evitar un mal mayor.