La Justicia europea respalda el criterio de España sobre Puigdemont

«Que no se hayan admitido las medidas cautelares que solicitamos es un revés, la cuestión es saber dimensionarlo para evitar euforias o depresiones, dependiendo desde dónde se mire». Así intentó salir al paso de la semana horribilis el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en una artículo publicado en el digital «El Nacional», para animar a la tropa independentista. Conocedor de la situación y del desánimo general en el campo secesionista tras una manifestación en Estrasburgo (Francia) que no cumplió con las expectativas (que Puigdemont y Toni Comín accedieran al Parlamento Europeo), Boye se conformó con vender como un éxito a su parroquia que Puigdemont sigue libre y evitó la prisión.

La bola negra en la que confían Puigdemont y el resto de implicados en el procés está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero hasta llegar a esta instacia judicial –que no dictamina sobre el fondo de la cuestión sino sobre las formas– el camino se les hará  (ya se les está haciendo) largo y acumulan una serie de derrotas judiciales, también en el TEDH.

El TGUE –una primera instancia previa a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea– desestimó la petición de Puigdemont y Comín para que se adoptasen medidas cautelares para que ambos pudieran tomar posesión de su escaño sin pasar por España y de esa manera acceder al pleno de constitución del Parlamento Europeo, el pasado 2 de julio en Estrasburgo.

Puigdemont tendrá que esperar la decisión final del TGUE –a la que acudió contra la Junta Electoral Central (JEC) y Antonio Tajani, saliente presidente del Parlamento Europeo, porque no le han dejado ser eurodiputado– fuera de la institución europea y, por lo tanto, sin los recursos económicos y humanos que el Parlamento Europeo dispone para sus miembros.

Siguiendo en Europa, y tras levantarse al día siguiente de dejar tirados a los miles de catalanes que acudieron a Estrasburgo, a Puigdemont se le atrangantó otra institución de la Unión Europea. La Comisión rechazó una Iniciativa Ciudadana Europea que el expresidente de la Generalitat , junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), impulsaron para que se investigue y sancione a España por una supuesta vulneración de derechos fundamentales. La Comisión considera que no puede admitir la petición porque está «fuera de las atribuciones de la Comisión en virtud de los tratados europeos». El caso acabará ante el TJUE.

Pero las malas noticias para el líder de Junts per Catalunya (JpC) no llegaron solo de Europa. El TC avanzó el martes el fallo sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el viernes se conoció la sentencia al detalle . Por unanimidad, los magistrados del Alto Tribunal recordaron que la Constitución otorga al Gobierno, con permiso del Senado, «un poder de coerción sobre las comunidades autónomas que permite la limitación de su autonomía en circunstancias extraordinarias», incluyendo la destitución de los gobiernos autonómicos y la limitación de las funciones de las cámaras regionales.

En esta línea, el TC indicó que Puigdemont «desatendió en la dos respuestas dadas» a los requerimientos del entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tras la doble declaración de independencia protagonizada por el presidente de la Generalitat en octubre de 2017.

Los hechos de esta semana horribilis para el fugado de la Justicia española y residente en Waterloo (Bélgica) no hacen más que sumarse a la lista de disgustos que acumulan Puigdemont y los que le siguieron –directa o indirectamente– en la intentona de 2017, que solo pueden esgrimir a su favor (y con la boca pequeña) la resolución de una instancia judicial de la región de Schweslig Holstein (Alemania) y varias notas de un grupo de asesores externos a la ONU.

Así, desde bien pronto, octubre de 2018, Puigdemont viene recibiendo contratiempos judiciales a nivel internacional, la mayoría relacionados directamente con los hechos de otoño de 2017. El TEDH se pronunció tras una demanda interpuesta por Montserrat Aumatell, que fue sindica electoral de Tarragona para el 1-O. Resultado: demanda inadmisible sin fundamento.

Más recientemente, el pasado 28 de mayo, el TEDH, por unanimidad, rechazó la demanda del expresidente de la Generalitat, Carme Forcadell y otros 74 diputados autonómicos contra la decisión del TC de anular el pleno regional del 9 de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña, proclamación que, finalmente, se llevó a cabo el 10 de octubre.

El recorrido internacional, sin embargo, no es más que una extensión de los varapalos judiciales a nivel nacional que el líder de JpC guarda como trofeos . Para la historia del procés queda la fotografía en la que Puigdemont, desde su cuenta personal de Twitter, el 11 de abril de 2017, se chulea de las resoluciones (¡cinco!) que había recibido del TC. «Hoy he recibido la quinta notificación del TC. No dejaremos de ir adelante», escribió seis meses antes del referéndum de octubre.

Tras los hechos de 2017, el ya fugado de la Justicia sigue acumulando derrotas en España. Tanto el TC como el Tribunal Supremo tumbaron las súplicas y recursos de Puigdemont, ya sean bien contra la imposibilidad legal de repetir como presidente de la Generalitat a distancia, como contra la decisión de la JEC de convertirse en eurodiputado sin pasar por el Congreso de los Diputados, tal y como exige la normativa. Lo último (de momento), el jueves, el Supremo rechazó preguntar al TJUE por la supuesta inmunidad de Puigdemont y Comín en tanto que eurodiputados electos. No están personados en la causa del procés, al fugarse, por lo que no pueden dirigirse al tribunal.

Mientras tanto, en el Tribunal de Cuentas sigue abierta una causa contra los líderes del procés . Se investiga su responsabilidad contable y si los miembros del gobierno catalán, durante el 1-O, tienen que devolver al erario público varios millones de euros.