La Justicia archiva la última rama del caso Filesa treinta años después

La razón del cierre de la causa es la prescripción , el mero paso del tiempo desde que se produjeron los hechos susceptibles de ser un delito y el tiempo durante el cual no se llevó a cabo ninguna medida para impulsar el caso.

En esta causa que quedará sin desenlace, el juzgado número 26 de Madrid investigaba si Viajes Ceres había dejado de declarar a Hacienda más de 2.000 millones de pesetas de las subvenciones que recibió entre 1989 y 1991 del Inserso, para organizar viajes para la tercera edad. Viajes Ceres –que fue vaciada por sus dirigentes– financió las campañas de viajes para personas mayores en un 40 por ciento con dinero del instituto público que presta servicios para mayores, y en un 60 por ciento con los fondos de los ancianos.

Los investigadores también trataban de demostrar si la agencia había desvíado 833 millones de pesetas a la sociedad Apartahotel Aguamar, una firma que formaría parte del entramado de Filesa, el grupo a través del que el PSOE se financió ilegalmente según consideró probado el Tribunal Supremo. Asuntos que quedarán sin aclarar, en el limbo de los casos que se eternizan en los entresijos judiciales.

La causa comenzó hace mucho tiempo, en noviembre de 1991, después de admitirse a trámite una querella del grupo Enatcar por el delito de alzamiento de bienes. La empresa de transporte actuó para tratar de recuperar la deuda que le había dejado Viajes Ceres, que entró en suspensión de pagos y que no afrontó sus cuentas.

«En nuestro caso, dado que el procedimiento ha estado paralizado entre 2009 y 2015, sin que se haya producido avance alguno de la investigación en ese tiempo, deben declararse prescritos los delitos investigados contra la Hacienda Pública y de alzamiento de bienes», expresa la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid. El paso de más de cinco años conduciría al cierre, según los delitos manejados: fraude de subvenciones, delito fiscal e insolvencia. La Fiscalía apoya el cierre.

La acusación del Partido Popular impugnó el archivo, sin éxito. La formación política alegó que el cálculo de los plazos de la prescripción se ha realizado teniendo en cuenta los delitos planteados por el recurso del investigado, sin considerar los delitos que ven las acusaciones. También argumentó que la misma Audiencia de Madrid rechazó la prescripción en un auto del 30 de marzo 2016 al tener en cuenta algunas diligencias que habrían interrumpido ese supuesto transcurso del tiempo sin actividad. Cita diferentes informes que se solicitaron en 2011 y 2012 a la Brigada de investigación de delitos monetarios; lo que a su juicio habría interrumpido la prescripción.

La acusación del PP, representada por el abogado Juan Ramón Montero Estévez , aprecia los delitos de estafa, apropiación indebida, malversación, fraude, falsedad documental y delitos fiscales y critica el giro de ochenta grados de la misma Audiencia de Madrid.

Anteriormente, en julio de 2018, el juzgado número 26 había acordado la continuación del caso por el procedimiento abreviado (un trámite que equivale al procesamiento) contra Juan-Bautista Calatayud, Rafael Novoa, Antonio Mata, Carlos Rodríguez, Eligio Salgueiro, Miguel Guijarro y Joaquín Lluch.