El juez, sobre Kitchen: «Actuaron aun sabiendo que el operativo era ilegal»

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dio por finalizada ayer la instrucción de la conocida como operación Kitchen, otra de las piezas que se han desgajado del caso Tándem que tiene como protagonista al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Considera que ya han quedado «delimitados los elementos objetivos y subjetivos» que justifican avanzar en la tramitación del procedimiento y no ve necesario practicar más diligencias de investigación ni tampoco prorrogar la instrucción.

El magistrado da por desactivada así la mafia parapolicial que se tejió en torno al Ministerio del Interior para llevar a cabo esta misión sin que quepa meter a más personas de las procesadas, pese al interés de la Fiscalía por hacerlo y el de los partidos que ahora apoyan al Gobierno por salpicar al presidente Mariano Rajoy y extender los tentáculos de la Justicia a una comisión de investigación que, al margen de ruido, pocos resultados ha deparado. Tampoco se ha visto afectada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, desde ayer fuera de la causa al no haber pruebas contra ellos. Con los indicios existentes se puede concluir, dice el juez, que no hay una trama política al margen del Ministerio del Interior. Todo quedó en casa.

Junto con el exministro y su número dos, caen el exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino ; los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo; el comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem, José Manuel Villarejo, y el chófer de Bárcenas Sergio Ríos.

Señala el magistrado que, pese a saber que se trataba de una actuación ilegal, los investigados pusieron en marcha este operativo en una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013. Fernández Díaz, máximo responsable político de Interior, «con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud», «instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder» de Luis Bárcenas. «El objetivo –señala– era sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas'», en el seno del sumario de Gürtel.

Según el relato de García Castellón, Francisco Martínez asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino. Pino, a su vez, encargó esta operación a José Manuel Villarejo, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Este último asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha unidad.

La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Ríos, chófer del matrimonio Bárcenas y persona de su máxima confianza. El DAO Eugenio Pino habría encomendado tanto a Villarejo como a García Castaño el desarrollo de labores operativas para ganarse la confianza y lograr la colaboración activa de Ríos. A cambio le entregarían 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía.

La resolución indica que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, «sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener éste, la finalidad que guiaba tanto a Villarejo como a García Castaño, sería realmente la d e incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela».