«Iron» y «Land», los cimientos del caso Villarejo

Estas piezas, para las que Fiscalía Anticorrupción ha pedido el cierre de la instrucción , destaparon el modus operandi de lo que el juez califica como «clan parapolicial mafioso»: Del encargo al informe final, pasando por las facturas falseadas, los pagos fraccionados, la obtención de datos privados en fuentes policiales y la intoxicación informativa . Lo que algunos denominan «puro estilo» Villarejo.

Tienen además otra cosa en común. Las dos fueron cerradas en falso por el anterior instructor de la causa, Diego De Egea -dejó la Audiencia Nacional en diciembre de 2018-, que no veía comisión de delito alguno. En los dos casos, la Sala de lo Penal revocó su decisión, respaldando las tesis de los investigadores, y continuaron las pesquisas aunque después de meses de parálisis.

En el caso de «Iron» está negro sobre blanco en el sumario de actuaciones. El despacho de abogados Herrero&Asociados tenía un problema. Algunos de sus socios habían fundado un bufete, Balder Ip, que les hacía competencia. Sospechaban que se habían llevado bases de datos de clientes para robarles negocio y se pusieron en manos de las empresas de Villarejo para averiguarlo . Su socio Rafael Redondo y él tasaron el proyecto en medio millón de euros e incluía, además de supuestos informes de inteligencia con datos de origen cuestionable, un ataque informático.

Junto a las facturas, los investigadores encontraron decenas de audios de las reuniones que mantuvieron, pues no sólo el comisario era amigo de las grabadoras. Redondo también las llevaba consigo . En una de ellas se escucha a Villarejo explicar que el acceso a los datos fiscales de la gente de Balder Ip que requería su informe eran delicados y conseguirlos requería «untar» a determinadas personas.

Un funcionario de Hacienda -Antonio Chaparro- fue llamado al procedimiento, como también media docena de policías que habrían utilizado su posición para recabar información de bancos y compañías telefónicas que se utilizaron en el proyecto. Lo revelaron, por un lado, los rastros de las consultas en las bases policiales y, por otro, los correos electrónicos que Villarejo conservaba.

Destacan los del inspector Constancio Riaño recabando información privada directamente en los servicios jurídicos del BBVA -para cuyo interlocutor la Fiscalía pide el archivo de actuaciones- pero que después rebotaba a Antonio Bonilla, un policía que en segunda actividad, se desempeñaba en una empresa que colaboraba con la de Villarejo.

Se apuntalaba así la teoría del «clan parapolicial mafioso» que se aprovechaba de «los recursos más sensibles» del Estado y se ponía la sospecha sobre los agentes bajo mando en la Unidad Central de Apoyo Operativo del comisario Enrique García Castaño. Tanto Riaño como otros agentes investigados le señalaron como la persona que de viva voz o mediante notas adhesivas les había pedido los datos de terceros que después Villarejo vendió a aquellos clientes.

Él, que aparecía referido con el mote «Big» en los papeles del comisario, siempre ha negado cualquier tráfico de información. Está igualmente investigado en esta y otras piezas de la causa. Anticorrupción mantiene la imputación sobre él, así como sobre Riaño y Bonilla, mientras pide el archivo para tres de los agentes que inicialmente fueron señalados , pues no ha quedado acreditado que cobrasen dádivas por su labor ni conociesen lo ilícito de los servicios.

«Iron» mostró a los investigadores tanto el modo de «vender» servicios que tenía Villarejo, como las fuentes que utilizaba para elaborar sus informes, pero también la forma en que luego los facturaba y cobraba por ellos. En este caso, el importe rondaba el medio millón de euros. «Esto es más ilegal que una patata» dijo el propio comisario en una conversación explicando los pormenores del trabajo.

Sin embargo, los investigados en esta pieza siempre han cuestionado las imputaciones, especialmente la de cohecho. Alegan que desconocían que Villarejo fuese un policía en activo. Esto es un patrón también en el resto de la causa, a la que se han incorporado las cartas y las declaraciones de tres jefes policiales que tuvo el comisario y en las que afirman que sabían de su doble vida de policía y empresario . No tenía autorización oficial de compatibilidad para ello. Y no pasaba nada.

Por un momento, la Audiencia Nacional les dio la razón. El anterior instructor de la causa, Diego de Egea, decidió en 2018 dar carpetazo al asunto porque no veía delito, sino un «exceso de diligencia» en el despacho de abogados ante la amenaza que suponía una fuga de información como la que creían sufrir. En febrero de 2019, cuando él ya había dejado su puesto en la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal revocó su decisión y se retomaron las pesquisas.

Los principales investigados en Iron han impugnado asimismo la fuente de la prueba, un pendrive donde aparecieron los audios, poniendo en duda la fiabilidad de algo que no es sino la copia de un original realizada por el propio comisario. Será el día de mañana, cuando esta o cualquier otra pieza de la causa llegue a juicio, cuando un tribunal valide o no las grabaciones, una pieza troncal, si bien no la única, del caso Villarejo.

Y si «Iron» mostró a los investigadores cómo trabajaba el comisario entre bambalinas, Land arrojó luz sobre sus tentáculos fuera de la red. La «intoxicación informativa», tal y como él lo reseñaba en sus informes, era en este caso parte del trabajo. La celebridad de las víctimas convierte a esta en la «pieza rosa» del Caso Villarejo.

El proyecto empezó en 2013, duró un año y se desplegó en tres fases, según la documentación que obra en el sumario. Tras el encargo estaban los administradores del imperio Procisa, la inmobiliaria creadora de la urbanización de lujo La Finca que dejó a su muerte Luis García Cereceda. El importe, 362.082 euros.

En plena pugna por la herencia, Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver y el jefe de Seguridad de la compañía, David Fernández, recurrieron, de acuerdo a la investigación, a los servicios de Villarejo. No era la primera vez. Ya en 2012 los investigadores encontraron otra relación: habían pagado a las empresas del comisario 21.830 euros por un informe sobre tres empresas con las que tenían un litigio y la juez de Pozuelo que había de resolverlo , según obra en las actuaciones.

En «Land», la misión pasaba por recabar información sensible de familiares y allegados. En un primer momento se centró la atención sobre Jaime Ostos Alcalá -hijo del torero- para presionar a su mujer, la otra heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda . Conforme resumía uno de los escritos de la Fiscalía Anticorrupción, se trataba de «conocer sus 'debilidades/irregularidades'» para después «rentabilizar la información» obtenida y «generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa».

Misma técnica se aplicó sobre la viuda de Cereceda, Silvia Gómez Cuétara, y contra un amigo de este lado de la familia, el conocido «arquitecto de los famosos» Joaquín Torres, del que se buscaba material «especialmente, en su vida íntima con el fin de conocer sus 'debilidades' y difundir información en los medios de comunicación que perjudique su honorabilidad».

El objetivo «presionarle» porque tenía contenciosos económicos con Procisa y en su caso, tal y como exponía Anticorrupción, «los contactos de Villarejo» consiguieron que el arquitecto abandonase un programa de televisión en el que era colaborador habitual «mediante la divulgación de informaciones ultrajantes» en otro espacio televisivo.

Esa rama mediática asoma de refilón en otras piezas de la causa, como la número 10, que investiga el modo en que el contenido del móvil que le fue robado a una asesora de Pablo Iglesias acabó en manos de Villarejo y qué relación tiene con el hecho de que parte del contenido, acabase, al menos, en dos medios de comunicación.

Mientras tanto, Villarejo está en prisión preventiva desde noviembre de 2017 y es el único de todos cuantos fueron y van siendo detenidos en relación con la trama que permanece entre rejas. La Audiencia Nacional le ha negado cerca de una docena de veces la puesta en libertad. Pero los plazos corren y el máximo que puede estar encarcelado sin juicio y sentencia condenatoria mediante, es de 4 años.