Investigan amenazas al juez que ha pedido imputar a Pablo Iglesias

García Castellón, que lleva asimismo la investigación de la operación Kitchen por la que ha citado como imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha visto en las últimas horas cómo desde distintas esferas se intensificaba la crítica contra él.

Mientras representantes políticos como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique cargaban contra el juez acusándole de intentar «destruir» al partido en un «vale todo» , en redes había quien subía el nivel y pasaba de la crítica al insulto y de ahí, a la descalificación y la amenaza.

Según las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por este diario, las fuerzas policiales ya estaban sobre aviso de determinados comentarios en redes sobre García Castellón, pero ahora lo que están investigando son mensajes que podrían constituir tanto delitos de odio como de amenazas . «Hablar de agredir a un cabrón de juez por sus ideologías del PP es la mejor solución», dice uno de los tuits repicados por más de una cuenta estos días.

En paralelo, las principales asociaciones de jueces han pedido respeto a la independencia judicial, como Jueces y Juezas para la Democracia, cuya portavoz, Ascensión Martín pedía «respeto a las decisiones judiciales».

En declaraciones a ABC, el portavoz de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha afeado la costumbre de cargar contra un miembro de la judicatura o contra el sistema judicial en pleno ante la disconformidad con un pronunciamiento, normalmente, «para desviar la atención».

«Una cosa es discrepar y otra tratar de sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez o incluso sobre los jueces en general. Son comportamientos que trasladan a la ciudadanía dudas sobre la independencia del juez y eso, es atacar la independencia misma» En cuanto a las amenazas, señalaba su «gravedad» porque «tratan de coaccionar la actuación de un juez al represaliar sus actuaciones» en lo que califica de «comportamientos impropios de una sociedad democrática».

En la Asociación Profesional de la Magistratura, la postura es similar: cierran filas en torno al juez e inciden en que una cosa es la crítica legítima de su actuación y otra cosa, desde una posición como la de ser representante de un partido político, es «confundir interesadamente» la crítica con la descalificación. Es un ataque, entienden, a la independencia de los jueces.

García-Castellón remitió este miércoles al Supremo una exposición razonada para pedir la imputación de Iglesias por delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa en el contexto del robo del móvil a su asesora Dina Bousselham cuyos contenidos fueron difundidos en prensa.

Para el magistrado, concurren indicios suficientes como para sostener que el ahora vicepresidente del Gobierno orquestó una estrategia jurídica a fin de defender en los tribunales, «a sabiendas de su falsedad», que existía una conspiración contra Podemos y un plan para perjudicarle. El objetivo habría sido obtener «rédito electoral».