El independentismo rinde cuentas por primera vez ante la Justicia por el 9-N

Una forma de apoyar a los primeros «mártires» del movimiento secesionista, una intolerable forma de presionar a la Justicia, tal y como han denunciado la mayoritaria entre los jueces Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, que no han dudado en calificar de «escrache» judicial la manifestación convocada para mañana ante las puertas del Palacio de Justicia. A modo de previa, y para dar mayor solemnidad a la cita, el presidente Carles Puigdemont recibirá a los encausados en el Palau de la Generalitat antes de que, en comitiva, y acompañados por el gobierno catalán casi en pleno y decenas de cargos municipales, Mas y las exconsejeras Joana Ortega (Gobernación) e Irene Rigau (Educación) acudan al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Al margen de lo que suceda en el exterior, lo relevante del juicio es el hecho de que, por primera vez desde que en 2012 comenzase la escalada independentista, sus impulsores rendirán cuentas ante la Justicia, afrontando la posibilidad de, descartado el ingreso en prisión, verse inhabilitados para el ejercicio de cargo público durante largos años. Al hacerse público el auto de apertura del juicio oral, el TSJC confirmó que se procesa a los tres dirigentes por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, lo que podría comportarles penas de entre nueve y diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, según la petición de la Fiscalía. La acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP, así como por Manos Limpias, eleva la inhabilitación hasta los 12 años.

Por contra, y en lo que en su momento se leyó también como un intento por parte del Gobierno de atemperar el caso, el ministerio fiscal pidió, y fue atentido, desestimar la demanda de la acusación popular de procesar a los tres por malversación de caudales públicos, lo que hubiese implicado que afrontasen posibles penas de prisión en caso de condena. La posibilidad de ver al expresidente Artur Mas entre rejas es una imagen que, por razones políticas, y aunque la confrontación ahora mismo está más enconada que nunca, entre las mismas filas constitucionalistas se ve como contraproducente.

En este caso, y aunque inicialmente la Fiscalía incluyó la malversación en su escrito de acusación, al final lo desestimó tras constatarse durante la fase de instrucción que la mayoría de los gastos relacionados con la consulta se encargaron y pagaron con anterioridad al 4 de noviembre de 2014, que es cuando el Tribunal Constitucional suspendió el «pseudo referéndum» que se acabaría celebrando cinco días después.

Por los mismos hechos está también encausado el líder del PDECat en el Congreso de los Diputados, y en 2014 consejero de Presidencia, Francesc Homs, que por su condición de aforado será juzgado en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal, en su caso, sí mantiene la acusación de malversación contra Homs, con lo que quien fuese hombre de máxima confianza de Artur Mas sí podría afrontar pena de cárcel. La siguiente causa marcada en rojo por el soberanismo, y nuevo argumento para la movilización, es la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,

Sea como fuere, y a falta de conocer cuál será la estrategia de las defensas, lo cierto es que el auto del juez instructor José Francisco Valls Gombau constituye un detallado y contundente relato de cómo los tres acusados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» (TC) para llevar adelante la consulta. El objetivo, según el mismo auto, fingir la apariencia de que la consulta la organizaban y llevaban a cabo voluntarios cuando, en realidad, el impulso era público, de la Generalitat.

En su auto, el magistrado apunta a la responsabilidad personal de Mas, que «amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del TC».

En su escrito, el TSJC desmonta la estrategia empleada por los acusados, y asegura que «eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC», procediendo a una estrategia para «enmascarar» los preparativos de la consulta. «Para lograrlo los acusados decidieron generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así».

A ello contribuyó decisivamente que los principales trabajos organizativos fueran encomendados sobre todo a contratistas privados, «y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas». En definitiva, la consulta quedó «bajo el control directo de la administración autonómica», sostiene el TSJC.

Frente a ello, la defensa hará suyo el argumento que en su momento esgrimió la Fiscalía de Cataluña para rechazar encausar a Mas, cuando consideró que el expresidente no incurrió en un delito de desobediencia porque el TC no advirtió expresamente de las consecuencias de desoír la suspensión del 9-N.

Al margen de cómo concluya el juicio, lo cierto es que servirá, de hecho ya está sucediendo así, para relanzar la figura política del expresidente catalán, en un momento en el que Puigdemont ya se ha descartado como candidato del PDECat en unos comicios autonómicos, más que probablemente adelantados ante la imposibilidad de celebrar el pretendido referéndum de autodeterminación. Aún en caso de condena e inhabilitación, Mas podría ser candidato hasta que el Supremo no resolviese los recursos de apelación.

Arropado por el independentismo, bajo un cielo de banderas «esteladas», Mas tendrá hoy su gran baño de masas, puede que el primer acto de la próxima campaña electoral en Cataluña.