La Fiscalía de Málaga pide el archivo del caso del ático de Ignacio González

«Se han agotado las posibilidades de continuar con la investigación de la causa referente a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales», mantiene el ministerio público, por lo que entiende que hay que archivar el caso como habían solicitado las defensas de los investigados.

La causa por dicho ático comenzó a ser investigada tras la denuncia formulada en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y las pesquisas se centraban en cómo la sociedad norteamericana Coast Investor LLC primero alquiló y luego vendió al expresidente madrileño un ático, en una urbanización de lujo, en la denominada «Milla de Oro» marbellí.

Las distintas comisiones rogatorias internacionales libradas por el Juzgado instructor tendentes a obtener información patrimonial de las entidades investigadas, así como sus cuentas bancarias y los activos patrimoniales de su titularidad, «poco o nada han aportado a la investigación de los hechos».

Ignacio González siempre ha admitido que compró el ático de Marbella donde veraneaba y que fue en diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y, previamente fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.

El 80 por ciento de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el expresidente de la Comunidad.

Para el fiscal está acreditado cómo financió la compra el matrimonio, con «dinero no sospechoso», según la policía judicial.

No se ha podido conocer el origen de los fondos utilizados por Coast Investors para la adquisición de los inmuebles, ni tampoco el destino del dinero obtenido con su venta al matrimonio, por lo que la consecuencia de ello «es que se ignora cómo pudo financiar la entidad la compra de los inmuebles».

La investigación llevaba a cabo en esta causa versaba sobre la presunta existencia de un delito de blanqueo de capitales, «cuyo delito antecedente pudiera venir representado por los ilícitos de contenido económico que se investigan en la denominada Operación Lezo , causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional«.

Debido a ello se estimó proceder a la inhibición por razones de conexidad objetiva pero la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga revocó la inhibición al no apreciar la necesaria conexión entre ambos procedimientos.

El procedimiento se encuentra con el límite de la investigación que marca la ley, al haberse agotado el plazo máximo, por lo que el juez instructor rechazó hace unos meses una nueva prórroga y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por una de las acusaciones particulares.