La Fiscalía belga pedirá entregar a Puigdemont por sedición y malversación

Según el letrado, la Fiscalía cree que «a primera vista» Puigdemont puede ser entregado a España por estos dos delitos, para los que según la normativa de la euroorden debe encontrarse una equivalencia en los códigos legales belgas.

La defensa del expresidente de la Generalitat ha señalado en todo caso que mañana pedirá un aplazamiento de dicha vista para poder presentar observaciones por escrito. Según informa Ep, el juez no tomará ninguna decisión sobre el fondo del asunto hasta diciembre.

Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza , pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso.

Así lo dispuso el juez de instrucción ante el que Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes , tras la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana.

El político independentista se entregó a la Policía federal belga y quedó bajo arresto hasta que el juez le interrogó y dictó las medidas cautelares al día siguiente.

Para evitar la extradición, la defensa de Puigdemont esgrimió que tenía inmunidad como eurodiputado pero, tras consultar con el Parlamento europeo, el juez instructor concluyó que no gozaba de tal protección.

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont , el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación. Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de «coalición de funcionarios» y «malversación por parte de funcionarios».

En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso -Fiscalía belga y defensa- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español) , que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen «razones serias» para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.