Expedientan al letrado mayor del Consejo de Estado tras escribir en ABC una tribuna crítica con el Gobierno

En el texto, titulado «Alarma o despropósito», el jurista desarrollaba los argumentos por los que él, como especialista en la materia, consideraba que algunas maniobras desarrolladas por el Ejecutivo durante este periodo de excepcionalidad podrían ser «discutibles» desde el punto de vista legal. García-Trevijano también alertaba sobre el escaso uso que el Gobierno ha realizado durante el estado de alarma de una institución como el Consejo de Estado, presidida por María Teresa Fernández de la Vega , vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

[ Lea aquí la tribuna publicada en ABC ]

Moncloa únicamente pidió asesoramiento al, según la Constitución, «supremo órgano consultivo del Gobierno», en una ocasión hasta el momento de publicación de la tribuna -18 de mayo-, pese a lo extraordinario de la situación. Y así lo denunció García-Trevijano, con quien se ha puesto en contacto este diario después de conocer la apertura del expediente. El jurista denuncia que se ha abierto un procedimiento disciplinario contra él acusándole de deslealtad con el Gobierno cuando únicamente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

«Una cosa es la lealtad al Gobierno y otra la disciplina política activa. Qué tendrá que ver esto con mi desempeño profesional, de ahí no podrán sacar ni una mancha», explica el letrado mayor del Consejo de Estado quien optó por firmar el texto como «abogado» para precisamente no vincular su opinión a su tarea profesional. También explica que el Consejo ha cuestionado algunos posicionamientos en redes sociales contra el Gobierno que le atribuyen.

«El Consejo de Estado es un órgano colegiado, lo que permite aprovechar la pluralidad de puntos de vista de sus miembros», se puede leer en la página web de la institución, integrada por personalidades de todas las ideologías, desde la socialista Fernández de la Vega a la popular Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta pluralidad a la hora de nombrar a los consejeros contrasta con la maniobra del Consejo de Estado, que pretende sancionar a un cargo técnico y no político, por criticar algunas decisiones del Gobierno. De hecho, la función del Consejo de Estado es precisamente esa, advertir al Ejecutivo –siempre que le pida opinión, claro– de si puede estar incurriendo en algún error legal que pueda generarle problemas al Estado en materia judicial.

Este diario se ha puesto en contacto con el Consejo de Estado para recabar sus explicaciones sobre este procedimiento sancionador y los motivos de la apertura de expediente, pero el organismo prefiere guardar silencio por respeto al afectado hasta que se resuelva el caso. A partir de ahora, con el expediente abierto, las diferentes partes podrán hacer sus alegaciones para ver si finalmente el caso se archiva o se le impone una sanción al letrado.

Este caso recuerda a otros ejemplos de presiones políticas en la Administración. El ejemplo más sonado es el de Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y abogado del Estado. Fue apartado por el Gobierno del juicio del 1 de octubre por mantener que los hechos acaecidos en Cataluña durante el golpe secesionista eran calificables de rebelión y no como sedición.