Vista exterior del balcón del Palau de la Generalitat
Vista exterior del balcón del Palau de la Generalitat - PEP DALMAU

El dispendio de la Generalitat de Cataluña en «observadores» internacionales: 561.779 euros

La Generalitat utilizó a las Delegaciones ante la Unión Europea y de Ginebra, así como a Diplocat, para contratar las actividades de dos grupos de observadores del 1-O, declarado ilegal por el Constitucional

MadridActualizado:

La Generalitat utilizó a las Delegaciones ante la Unión Europea y de Ginebra, así como a Diplocat, para contratar las actividades de dos grupos de observadores del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, por un total de 561.779 euros, según los apuntes realizados por el Tribunal de Cuentas en su fiscalización de la acción exterior catalana. Diplocat asumió la contratación de 13 personas para la elaboración de un informe titulado «Análisis del contexto político de Cataluña en la campaña del referéndum institucional de Cataluña 2017», firmado por la autodenominada «jefa de la Misión», Helena Catt, y financió todo un despliegue para que siguieran la actualidad política catalana antes de la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión hasta el día del referéndum. En total estuvieron cinco semanas antes del 1-O y el gasto ascendió a 206.372 euros.

El sumario ejecutivo cuenta detalladamente los pasos dados desde julio de 2017, que se ficha al Equipo Internacional de Investigación de Expertos en Elecciones (IEERT) -grupo informal de investigadores y académicos de Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido e Irlanda-, hasta el fin de semana de la votación ilegal, al que se le unieron otros 12 observadores, denominados por Diplocat como la «Workshop de expertos Europa» (con un coste de 34.763 euros).

La jornada se prolongó desde las 00:05 horas hasta las 20:00, visitando más de 100 mesas electorales en toda Cataluña. El día 2 de octubre tuvieron una reunión de intercambio de experiencias y debate, para partir al día siguiente. El informe del Tribunal también apunta un contrato a personas para que les prestaran servicios auxiliares de traducción y de soporte informático, abonando 12.790 euros.

Además, entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre, una treintena de diputados nacionales, eurodiputados y exministros de toda Europa visitaron Cataluña, distribuidos en diez grupos y rutas. Asistieron a reuniones, sesiones informativas sobre el referéndum y su seguimiento, desayunos y almuerzos con políticos locales, presenciaron el recuento de votos y una rueda de prensa de valoración de la consulta, con un coste de 64.654 euros.

Por su parte, dos delegaciones exteriores contrataron a otro grupo de observadores a través de una empresa holandesa, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), dirigida por Daan Everts, al que se abonó 243.200 euros. Según la fiscalización encargada por las Cortes, «se hizo un contrato ficticio con un objeto distinto para encubrir el citado pago, que además se dividió entre las delegaciones de La Unión Europea y de Ginebra». Everts fue recibido por el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, el 8 de septiembre de 2017 tras ser acreditado por la Sindicatura Electoral del Referéndum.

En los meses inmediatamente anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre se realizaron multitud de actividades en distintas delegaciones para promoverlo. Una propuesta llamativa fue realizada por el delegado de Italia con motivo de una media maratón que se iba a celebrar en Roma el 17 de septiembre de 2017. Sugirió que «la presencia de una delegación catalana o de algún atleta mediático catalán podría tener bastante visibilidad», por lo que propuso «sondear atletas catalanes y clubes deportivos dispuestos a participar y que puedan tener una actuación destacada. Su participación podría estar patrocinada o esponsorizada por la Generalitat».

De acuerdo con los datos de estas contrataciones estaríamos ante indicios de que hubo malversación económica el 1-O. Los pagos de los observadores salieron de las arcas de la Generalitat.