De Dina a Neurona: el año negro de Podemos en los tribunales

Es el año horrible de Podemos en el plano judicial. Muchos frentes simultáneos, un desgaste que se prolonga ya varios meses y una respuesta que permanece invariable: es todo humo, se quedará en nada. Esto les pasa por ser quienes son, por ser de Podemos.

El primer quebradero de cabeza para Podemos llegó cuando todavía era invierno. ABC adelantó que el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción habían detectado inconsistencias en el testimonio que Pablo Iglesias y su antigua asesora Dina Bousselham habían prestado en la Audiencia Nacional. Investigaban si el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo estaba detrás de una maniobra por la que el contenido del móvil robado a Bousselham en noviembre de 2015 había pasado por varias redacciones, había visto parcialmente a luz en un diario digital y había sido hallado entre los archivos que le quitaron cuando fue detenido.

Tanto Iglesias como Bousselham habían empezado como perjudicados en esta causa, abierta justo un año antes. Pero las piezas chirriaban y las declaraciones de Bousselham y los informes policiales acabaron por girar las tornas. La investigación se cerró el pasado mes de octubre con una conclusión radicalmente distinta a como había arrancado: el juez instó al Tribunal Supremo a investigar a Iglesias por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa . A Bousselham y su marido, que también había declarado, por falso testimonio. Y a tres de los abogados de Podemos por un uso «torticero» de la Justicia: estuvieron litigando, según la tesis del instructor, para intentar probar que la cloaca estaba detrás de todo a sabiendas de que en realidad, la filtración de contenidos como un chat en el que Iglesias hablaba de «azotar» a una periodista pudo salir de la propia Bousselham.

Es el epicentro ahora mismo del meollo judicial para la formación. Un juzgado de Madrid investiga si Podemos o su cúpula económica incurrieron en financiación irregular y/o delito electoral en el contexto de un contrato de consultoría con Neurona Comunidad para las generales del pasado abril. La empresa resultó ser una mercantil sin empleados ni actividad con sede en un despacho de abogados de Sevilla. Pagaron, en el contexto de la coalición Unidas Podemos, 363.000 euros que intentaron justificar como gasto electoral, haciendo saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas. De ese dinero, algo más de 307.000 euros viajaron a México en 8 transferencias correlativas a una mercantil administrada por un individuo con inversiones en Panamá y de la que hizo socios a dos menores de 30 años. El administrador de la mercantil de Sevilla ha presentado ocho facturas y cuatro órdenes de pago para justificar que envió el dinero legalmente. En total, acredita algo más de 291.615 euros. Del resto, la mitad se fue en gastos particulares del socio real de la empresa, el mexicano de Neurona Comunidad César Hernández , con cargo a una tarjeta de débito. Se investiga si fue un dinero de ida y vuelta. Echenique , por cierto, consta de apoderado en una de las cuentas que se están investigando.

Para Podemos, la clave es acreditar que los servicios de consultoría se prestaron. La última diligencia consistió en escuchar a dos trabajadores de aquella campaña y ninguno había visto trabajar a nadie de Neurona , aunque se supone que también hacían vídeos y grababan. Ni el responsable de la campaña, Juan Manuel Del Olmo , ni el tesorero que firmó el contrato, Daniel de Frutos, han sabido decirle al juez quiénes o cuántos eran esos trabajadores. Podemos ha pedido el archivo.

No obstante, en la misma causa se investiga el sobreprecio de las obras de la nueva sede del partido en Madrid . Los contratistas, así como el arquitecto al que se adjudicó el proyecto por la mitad de lo que acabó costando han desfilado ante el juez. La conclusión es que el adjudicatario consideraba que el precio estaba por debajo del de mercado y que fue él quien «animó», en palabras de la trabajadora del partido que llevó el asunto, a los contratistas a apuntarse para que «no quedara desierta» la licitación.

Este caso se desencadenó por una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente a quien la justicia ha dado la razón también este año en detrimento del partido. Por un lado, porque la formación ha reconocido que su despido fue improcedente y por otro, porque la Audiencia Provincial ha rechazado que existiese el acoso a una compañera que motivó el cese.

Pero este annus horribilis para Podemos en lo judicial tiene un fleco más. Y es la petición de imputación en el Supremo de Alberto Rodríguez , el número tres del partido, por atentado a la autoridad y falta de lesiones en el contexto de una protesta en Canarias en el año 2014 contra la ley educativa del PP.

El asunto llegó procedente de un juzgado de San Cristóbal de La Laguna y la Fiscalía del Supremo informó a favor de abrir causa penal contra él. Se negó a declarar voluntariamente , por lo que la Sala de lo Penal tuvo que pedir permiso al Congreso para poder imputarle. Recabada esta venia la semana pasada, es cuestión de días que se le cite a declarar como imputado.

Al margen de estos asuntos que siguen en instrucción, la justicia ha dado dos varapalos a Podemos y, en concreto, a su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, este año.

En primer lugar, renunció a recurrir en casación una condena que deviene así firme por haber estado pagando a su asistente personal en negro. Lo hizo en dos etapas pero la sanción es por la segunda, no prescrita: no le dio de alta en la Seguridad Social desde marzo de 2015 hasta abril de 2016. Debe pagar 11.040 euros de multa .

En segundo lugar, ha sido condenado junto a Juan Manuel Del Olmo por decir de una víctima de asesinato que había violado a una candidata de Podemos, la misma que había sido condenada en firme por participar en darle muerte. Les impone indemnizar con 80.000 euros a la familia y publicar los términos de la sentencia, en el caso de Echenique, en rueda de prensa. Si bien Podemos ya ha dicho que recurrirá.