Una decena de etarras debe todavía más de un millón de euros a sus víctimas

Eso es lo que ocurrirá el próximo 7 de octubre con más de medio centenar de etarras que tienen deudas pendientes con sus víctimas. Esta fecha límite fue fijada por la Audiencia Nacional cuando en un caso similar, tuvo que decidir a partir de qué momento caducaban las indemnizaciones que se habían impuesto a miembros de ETA antes de la reforma del Código Civil que en 2015, redujo a un lustro los plazos de prescripción en estas reparaciones económicas.

Con ese horizonte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con su equipo jurídico al frente, ha registrado una batería de escritos ante la Audiencia Nacional para que se tomen medidas, ya que entienden que basta con una comunicación del juzgado al deudor para que se interrumpa ese plazo de prescripción que se cierne sobre las familias. Y lo hacen, a sabiendas de que no tienen legitimación, pues toman la iniciativa como acusación popular y según han decidido los propios tribunales, desde esa posición no pueden entrar en la reclamación de ejecutorias. Sin embargo, el objetivo es levantar la liebre : Un fiscal tendrá que informar esos escritos y verá así, igual que un juez, que hay deudas por saldar que podrían no llegar a pagarse nunca.

Es la misma tesitura que se dio con el caso del célebre abogado del prófugo expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. La AVT solicitó en 2008 activar el embargo de sus bienes porque todavía no había pagado la responsabilidad civil que contrajo cuando participó en el secuestro del empresario Emiliano Revilla , razón por la que fue condenado a 14 años de cárcel y a indemnizarle junto a los otros sentenciados con 1,2 millones de euros. La Audiencia Nacional rechazó la iniciativa por entender que sólo la propia víctima podía presentar ese tipo de reclamación, pero un fiscal cogió el testigo y pidió una revisión de su patrimonio. En aquel momento, seguía siendo insolvente.

Diez años después, fue u n letrado en representación del propio Revilla quien acudió a reclamar y tras analizar el caso, la Sección Primera de la Sala de lo Penal acordó que no estaba prescrito precisamente por aquella gestión de 2008. Ordenó una nueva revisión patrimonial de Boye para poder embargar lo necesario y acabar saldando su responsabilidad civil con el empresario.

Ahora, se pone el foco en diez condenados de ETA con sentencia firme por un total de siete asesinatos, cuando quedan seis meses para que prescriban sus deudas. Se trata de Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri , que debe medio millón a los supervivientes de un doble asesinato. Daniel Pastor, Beatriz Etxebaerria e Íñigo Zapirain , quienes aún no han pagado 100.000 euros a la familia de su víctima. Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios ; que tienen pendiente una cuantía similar, también por un asesinato. Sergio Polo, que debe 120.000 euros y Gurrutz Aguirresarobe, con 300.000 euros que iban a las víctimas sin abonar, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Tampoco han pagado la suya los tres etarras condenados por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, pero la sentencia aún no es firme.

Estas son exclusivamente las cuantías que deben en persona a las víctimas de sus actos. En todos los casos, las sentencias impusieron una responsabilidad civil mucho más elevada . Sin embargo, el Estado, asumiendo la insolvencia que alegan los asesinos de ETA, cubre hasta un máximo de medio millón de euros de esa indemnización que corresponde a las supervivientes para evitar su indefensión.

Por descontado, estos diez terroristas no han devuelto esa cuantía y se la deben así al conjunto de los españoles . Son tres millones de euros sólo en estos casos, cientos si se consideran todos los asesinatos o las lesiones frente a las que la Administración ha dado la cara para recibir de vuelta, nada o casi nada. Con todo, de oficio y preso a preso, lo sigue reclamando.