La Guardia Civil acusa al presidente de Murcia de recurrir a la Púnica para ser el candidato del PP

Esta actuación se aceleró por la «premura» de Sánchez , ya que existían «temores a las consecuencias reputacionales de una nueva posible imputación sobre» el presidente de Murcia, asegura la Guardia Civil, quien relata que el acuerdo se cerró en unos 4.600 euros al mes que serían pagados con dinero público . El pago de la reputación de Sánchez se enmascararía en contratos «en materia de formación»: la previsión era facturarlos a la Consejería de Educación de Murcia, de la que era titular entonces Sánchez.

La Guardia Civil ve así indicios de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez , pudo incurrir en un presunto delito de fraude en materia de contratación pública por contratar estos trabajos reputacionales a las firmas de la trama con fondos públicos, según los indicios recopilados por los investigadores.

Según el informe, estos hechos se deducen de las conversaciones teléfonicas pinchadas a los implicados, y se confirman con otros muchos indicios, como declaraciones policiales, correos electrónicos, declaraciones tomadas a posteriori y el contenido de los equipos informáticos incautados en los registros policiales.

El enlace que puso en contacto a todas las partes habría sido la actual senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro , en quien influyó José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena también imputado en esta causa, quien ya la conocía, para que se contratara a las firmas de De Pedro. «El nexo de unión entre ambas tramas, el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de la Región de Murcia fue Pilar Barreiro», concluye la Guardia Civil.

La UCO también considera que Barreiro pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional. En su caso, las irregularidades fueron mayores: la Guardia Civil señala que Barreiro contrató cuando era alcaldesa de Cartagenta «una supuesta campaña de publicidad institucional del Ayuntamiento de Cartagena, que encubría la contratación de una periodista para la difusión de noticias favorables a Barreiro en un periódico online creado ad hoc».

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en esta causa una extensa red de corrupción local y regional que se ajudicó contratos de hasta 100 millones de euros a cambio de favores, sobre todo en administraciones del Partido Popular. Con epicentro en la localidad de Valdemoro, la trama se extendió por la Comunidad de Madrid y alcanzó a otras regiones como Murcia o León. El principal investigado, Francisco Granados, quien fuera el secretario general del PP madrileño, sigue en prisión para que no torpedee la investigación.