La Infanta refuerza su defensa con cuatro abogados más

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal de la exduquesa pone en conocimiento del tribunal encargado de juzgar el caso Nóos que, junto a Miquel Roca y Jesús-María Silva (quienes ya estuvieron presentes en la primera sesión de la vista oral), ejercerán su defensa los letrados de Barcelona Pablo Molins, Jorge Navarro y Juan Segarra -todos ellos del bufete Molins & Silva-.

También lo hará Jaume Riutord , quien pertenece al despacho mallorquín Riutord Contestí, con el que el bufete que se encarga de la defensa de la Infanta, Roca Junyent, formalizó un acuerdo de colaboración en 2011 con el objetivo de reforzar sus servicios en Baleares. Tal y como señala el escrito, todos ellos se irán sustituyendo entre sí «en función de sus agendas profesionales, en el bien entendido de que en Sala únicamente podrá actuar un sólo letrado de los presentes». La defensa de la Infanta ofrece la posibilidad de avanzar con antelación qué abogado asistirá a cada una de las sesiones.

En concreto, Manos Limpias atribuye a la Infanta Cristina un papel imprescindible para que su marido defraudase 337.138 euros en el IRPF de 2007 y 2008 a través de la empresa de la que los dos son propietarios, Aizoon, una de las mercantiles 'pantalla' del conglomerado supuestamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres para defraudar hasta 6,2 millones de euros públicos.

El tribunal rechazó hace una semana aplicar la doctrina Botín sobre la mujer de Iñaki Urdangarin y acordó que continúe siendo juzgada. En un auto de 85 páginas, la Sala cuestiona de forma tajante la tesis mantenida por el Tribunal Supremo sobre la anterior doctrina y subraya que ésta «no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador» dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial. Las magistradas que componen el tribunal rechazan así el «espíritu» de la doctrina Botín , que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía ni el perjudicado por el delito -la Agencia Tributaria-. Tanto la Infanta como la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaron que aquélla le fuera aplicada.