Casi 1,4 millones de sanciones en los estados de alarma tumbadas por el Tribunal Constitucional

El Gobierno intentó blindar el cumplimiento de esos estados de alarma , después declarados inconstitucionales por el tribunal de garantías, aplicando un elemento coercitivo que no pocos ciudadanos experimentaron en carnes propias: sanciones económicas de entre 600 y 30.000 euros para aquellos que se saltaran las restricciones impuestas por esos estados de alarma. Desde salir de casa cuando no se podía en los peores momentos de la pandemia hasta irse de viaje u organizar fiestas y reuniones con más personas de las permitidas.

Pese a que los agentes que debían imponer dichas sanciones fueron bastante comprensivos con los ciudadanos dadas las circunstancias tan excepcionales, durante los once meses que suman ambos estados de alarma se impusieron casi 1,4 millones de multas .

La inmensa mayoría de ellas, hasta el 84% del total, durante el estado de alarma más duro, el de la primavera de 2020, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de ese año. En esos poco más de tres meses, las distintas fuerzas de seguridad impusieron 1.142.127 sanciones con sus correspondientes multas, la inmensa mayoría por la cantidad mínima, 600 euros. Algo lógico teniendo en cuenta que fue el trance con las restricciones más duras y una situación desconocida hasta entonces para la sociedad.

El segundo estado de alarma llegó en otoño, coincidiendo con una nueva ola de contagios derivados de la relajación del verano y ante la cercanía de otro momento delicado como la Navidad. Aunque éste duró el doble que el primero, desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, se contabilizaron muchas menos multas, concretamente 220.296 en toda España.

Los datos sobre estas sanciones y las multas que llevaban aparejadas son difíciles de concretar, toda vez que la mayoría de ellas ni siquiera llegaron a tramitarse. Pero la Administración sí ha ido aportando algunos que son bastante ilustrativos. Por ejemplo, que sólo durante el primer y peor estado de alarma se impusieron multas por valor de 115 millones de euros, sin contar las del País Vasco y Cataluña, con su propio sistema para gestionarlas.

Pero una cosa es que el agente imponga la multa y otra distinta que la administración la tramite y exija al afectado el pago de la misma. Prueba de ello es que, según los datos del Ministerio del Interior al finalizar el segundo estado de alarma, de esos casi 1,4 millones de multas desde que empezó la pandemia, apenas se habían tramitado poco más de 150.000 con una media de 732 euros por sanción. Es decir, casi el 90% de ellas quedaron en el limbo hasta que poco después el Tribunal Constitucional anuló ambos estados de alarma en sendas sentencias de julio y octubre del año pasado, respectivamente.

Y, como dichas multas se impusieron al amparo de ese marco legal, al ser éste declarado inconstitucional conllevó automáticamente la anulación de todas las que estaban sin tramitar y la devolución de las que ya habían abonado los ciudadanos, cerca de la mitad –unos 52 millones de euros– por pronto pago. Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica casi a diario resoluciones de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno revocando largas tandas de esas sanciones que impuso el Ejecutivo y que tumbó el Tribunal Constitucional.