Casado quiere reforzar el Estado y recuperar competencias para vertebrar España

Casado está siendo muy claro, en su estreno como presidente del partido en una campaña electoral, al afirmar que el Estado de las Autonomías ha llegado a su límite y no se puede seguir adelgazando la Administración General. «Ni una transferencia más» , sostiene el líder del PP, que se siente respaldado por los votantes de centro derecha, pero también por una parte de la izquierda, como se refleja en el CIS. En el barómetro de octubre se observa que hay casi un 20 por ciento de españoles defiende un Estado con un único Gobierno central sin autonomías, y otro 10,9 por ciento pide menos poder para las autonomías. Solo el 22,9 por ciento de los españoles quieren más poder para las Comunidades. En el caso de los votantes del PP, un 34,9 por ciento quiere un Estado sin autonomías, y un 14,9 por ciento, que se quite poder a las autonomías. Tan solo el 4,2 por ciento defiende más poder para las comunidades.

Cuanto más a la derecha está el votante, menos le gusta el Estado de las Autonomías, como se observa en el CIS, un dato que tiene muy presente el PP en un momento en el que está volcado en frenar la fuga de votos hacia Vox. El partido de Abascal reclama directamente la supresión del Estado de las Autonomías , pero como explicó ayer el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, esa medida requeriría una reforma de la Constitución y un referéndum, que Podemos pretende convertir en una consulta sobre «Monarquía o República».

El PP está en contra de la idea de acabar con el Estado de las Autonomías. Es una posibilidad que ni se plantea. Pero sí está dispuesto a actuar, dentro de los márgenes que permite la Constitución, para que el Estado desarrolle competencias que le son propias, y que por la vía de los hechos han ido asumiendo las Comunidades. Algunas han aprovechado «para actuar con deslealtad institucional ».

Además de Educación, el PP reclama la recuperación de la competencia de Instituciones Penitenciarias , que se transfirió a la Generalitat de Cataluña en 1984. Para los populares es un buen ejemplo de lo que significa esa actitud «desleal», como se está viendo con el trato de favor que están recibiendo los independentistas en prisión. En coherencia, el PP se opone radicalmente a que el Gobierno negocie la cesión de esa misma competencia al País Vasco.

El PP también quiere abrir un proceso para reforzar el Estado en materias como la Justicia, la Sanidad, la Inmigración y la política exterior , donde considera que se han producido «excesos» por partes de algunas comunidades. Cataluña, por ejemplo, basa parte de su estrategia exterior en la apertura de «embajadas».

La cuestión es cómo se pueden devolver competencias ya transferidas, ya que es un camino de vuelta que la Constitución no prevé, como tampoco previó que el Estado de las Autonomías derivara en este modelo de funcionamiento federal que existe ahora mismo. Lo que puede hacer el Estado es aprobar una legislación común de obligado cumplimiento para todos, al amparo del artículo 149.1 de la Constitución, que reconoce su competencia exclusiva en «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

En el caso concreto de la Educación, que es el que tiene más desarrollado el PP en este momento, Casado propone un «sistema nacional educativo» , igual para todos los españoles, y se dejaría a las Comunidades la parte administrativa.

El Grupo Popular presentará su propuesta educativa concreta en cuanto el Gobierno de Sánchez lleve al Congreso su reforma. El PP planteará una enmienda a la totalidad, que en realidad será un nuevo texto legislativo, que quiere convertir en Proposición de ley Orgánica.

Todo este proceso para reforzar la vertebración del Estado y la igualdad de todos los españoles se concretará en la Convención Nacional que los populares celebrarán en enero, y que pretende convertir en un cónclave para el «rearme ideológico» del nuevo PP .