Bruselas enmienda la política del Gobierno con los presos de ETA

El informe fue aprobado de forma definitiva con el voto a favor de los grandes grupos europeos, incluyendo el socialista , que la víspera había defendido unas enmiendas impulsadas por el PSOE para anular estas recomendaciones. Ayer, sin embargo, solo se opusieron tres eurodiputadas del grupo de los Verdes. Entre las abstenciones figura la de la española Sira Rego, de Izquierda Unida (IU).

Entre otras cosas, este informe del Parlamento Europeo propone a España «agotar las posibilidades interpretativas del Derecho Penal » para el reconocimiento de los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad , de modo que «no estén sujetos a prescripción ni amnistía».

Y propone que esta figura se aplique también a los asesinatos que los etarras cometieron antes de 2004 , cuando entró en vigor la lesa humanidad en el Código Penal español. Algo que plantea un problema jurídico, ya que supondría imponer esa figura con carácter retroactivo a atentados anteriores a esa fecha, lo que algunas fuentes consideran inconstitucional.

Y es que en principio la retroactividad de una norma sólo se puede aplicar cuando actúa en beneficio de los acusados. De hecho, esa fue una de las enmiendas que presentaron los socialistas y que no consiguieron aprobar, a pesar de lo cual terminaron votando a favor del texto definitivo.

Este informe del Europarlamento también insta «a las instituciones competentes a que garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo, con arreglo a la legislación española vigente, vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, como muestra añadida de su verdadero arrepentimiento».

Los etarras siguen accediendo a beneficios en España como el tercer grado y la libertad condicional sin colaborar con la Justicia para esclarecer los 379 asesinatos de ETA que siguen impunes. Una cifra que también reconoce y asume este informe europeo a instancias de la documentación aportada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero.

De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han intensificado desde que llegaron al poder hace cuatro años esos beneficios para presos etarras sin que ninguno de ellos haya aportado ningún dato para esclarecer alguno de esos crímenes impunes, como recuerda DyJ.

Y más desde que el pasado mes de octubre el Gobierno español dejó las prisiones vascas en manos del Ejecutivo autonómico liderado por el PNV, que ha seguido acelerando y extendiendo esos beneficios a las decenas de presos de ETA que el ministerio de Marlaska ha ido acercando a esas mismas cárceles vascas desde 2018.

Este pronunciamiento de Bruselas se convierte así en una enmienda en toda regla a la política penitenciaria del Gobierno español , al proponer que sólo conceda beneficios a los etarras que colaboren con la Justicia, cosa que no han hecho y siguen sin hacer . Y, a pesar de ello, el Ejecutivo central de Sánchez y el autonómico de Urkullu (PNV), con apoyo de los socialistas vascos, siguen aprobando cada vez más acercamientos, terceros grados y libertades condicionales.

El mismo informe también apunta a otras de las cuestiones que más controversia sigue generando desde el entorno proetarra, como son los polémicos 'ongi etorri' o actos públicos de homenaje a presos de la banda terrorista, incluso condenados por delitos de sangre. A este respecto, Bruselas pide evitar «el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo».

En la actualidad, la Justicia española no dispone de un mecanismo claro para impedir la celebración de estos homenajes a etarras en el País Vasco y Navarra. Prueba de ello es que la Audiencia Nacional no los prohíbe porque entiende que no llegan a incurrir en apología o enaltecimiento del terrorismo, aunque sí insta a las fuerzas de seguridad a que los vigilen por si, en el transcurso de los mismos, se producen situaciones que puedan tipificarse como tal.

En cuanto a los crímenes de ETA que aún no se han podido resolver, el informe del Parlamento Europeo se pronuncia a favor de que se mantenga «un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo, desde la Fiscalía y con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa, con el fin de responder a las familias que siguen esperando justicia».

En este mismo sentido, propone que se considere la posibilidad de «poder enjuiciar, como autores intelectuales e instigadores de la orden a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los distintos atentados no resueltos». Una figura, la de la autoría intelectual o mediata, que ya emplea la Audiencia Nacional para reabrir varias causas judiciales contra los dirigentes de ETA cuando se cometieron atentados como los de Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez.

La eurodiputada de Ciudadanos (Cs), Maite Pagaza, apoya la iniciativa y recuerda que «este informe supone ya una reparación simbólica» para las víctimas de ETA, pero señala que «hace falta ir más allá» , por lo que reafirmó su «compromiso de seguir adelante contra la impunidad».

Por su parte, la portavoz del grupo popular español, Dolors Montserrat, subraya que es la primera vez en la que el Parlamento Europeo manifiesta «su apoyo, de manera tan firme y contundente, a las víctimas de ETA y mantiene su dureza contra los verdugos».

A propósito de las enmiendas presentadas por los socialistas, la eurodiputada y exministra popular recuerda que «no se puede ser tibio ni ambiguo en la defensa de la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas de ETA». Dolors Montserrat añade que «ningún interés político ni de poder puede estar por encima de la defensa de aquellos que han sufrido el terror de ETA».